Viñistas de Trebujena recuperan la propiedad de sus casas, que perdieron con la filoxera

La Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha devuelto a un vecino de Trebujena la titularidad de una de las 300 viviendas y 800 fincas que perdieron los viñistas de la localidad en medio de la hambruna causada por la epidemia de la filoxera en las viñas del Marco.

El levantamiento del primero de los cientos de embargos que ejecutó el Estado entre los años 1904 y 1906 abre la puerta a la solución del problema, según el Ayuntamiento de Trebujena, cuyo alcalde, Manuel Cárdenas, considera el paso dado por Patrimonio “un logro muy importante” para poner fin al “limbo” contra el que lleva una década haciendo trámites.

El origen del problema se remonta a 1884 y 1885, cuando la filoxera destruyó la mayoría de los viñedos, lo que llevó la hambruna y la penuria económica a los pueblos del Marco de Jerez, entre ellos Trebujena, cuyos vecinos, para protestar por la falta de ayudas de las administraciones, se negaron a pagar el recibo de la contribución, lo que hoy sería el IBI, explica Cárdenas.

En el pueblo se cuenta que el Estado llegó incluso a enviar a un recaudador de Hacienda que “tuvo que salir por piernas porque la gente lo quería apalear”, según una “leyenda” que rememora el alcalde.

Al margen de rumores, el Estado procedió a embargar las viviendas y fincas en el trienio 1904-1906, para inscribirlas a su nombre en el registro de la propiedad. Pese al cambio de titularidad, el Estado “nunca ejerció como propietario” y los dueños siguieron ocupando sus casas con total normalidad y pagando incluso el recibo de la contribución.

Antiguamente la situación no fue grave porque los contratos de compra-venta privados funcionaban, las herencias se pasaban de manera informal y las obras se afrontaban “tirando del calcetín” y no de hipotecas bancarias, pero la situación “de unos veinte años para acá” ha cambiado.

Ha sido entonces cuando muchos vecinos, al ir a buscar sus escrituras, se han dado cuenta de que en realidad las casas o fincas que han pertenecido a sus bisabuelos, abuelos o padres no eran legalmente suyas, lo que ha provocado un “deterioro” en muchas viviendas del casco antiguo del pueblo porque los vecinos no han podido acceder a préstamos o no se han atrevido a invertir sus ahorros en unas viviendas que no estaban registradas a su nombre.