Los acreedores de Jerecom incluyen a Crisol en la denuncia por prevaricación

Los acreedores de Jerecom, firma en procedimiento concursal desde enero de 2008, presentaron ayer en los juzgados una denuncia conjunta contra las empresas administradoras de la constructora y contra Pedro Pacheco, María José García Pelayo y Pilar Sánchez, los tres últimos alcaldes de Jerez, por haberse cometido presuntas "irregularidades" en el periodo en el que ellos gobernaban y dirigían Urbanismo. Una denuncia extensible, tal como se recoge en el documento, al actual delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, y que se suma a la investigación que recientemente ha puesto en marcha la Fiscalía Anticorrupción sobre la constructora Jerecom. En concreto, el abogado que ejerce la acusación particular, Francisco Pérez Vera, indicó que la denuncia está dirigida contra 17 empresas vinculadas de una manera u otra con la familia Grimaldi, aunque advirtió de que "probablemente haya alguna más porque ciertamente a veces es difícil investigar todo esos lazos, pero de momento son 17. No obstante, existen también otras personas y otras sociedades que pudieran estar implicadas en estas operaciones". Así, señaló que estaría también supuestamente implicada la empresa Doña&García "a la que pertenece una persona que singularmente viene ejerciendo como director financiero de distintas empresas todas éstas con finales análogos al de Jerecom. Se trata de Francisco Javier García Sánchez", de la constructora y apoderado de Fivesur (en concurso de acreedores en la actualidad). Por otra parte, la denuncia ha sido formulada contra "Rafael Salido Freyre y Sixto de la Calle Vergara al parecer por una operación que hicieron estando ya la sociedad, creemos, en fase de insolvencia y que se adjudicaron o le transmitieron unos determinados bienes". En total, el abogado que representa a 9 personas y empresas ha interpuesto una demanda contra las 17 empresas, 4 cargos públicos y otras 5 personas relacionadas con las supuestas irregularidades.

En el caso de los representantes del Ayuntamiento de Jerez y de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo, Pérez Vera señaló a Pedro Pacheco como "una pieza clave en todos estos problemas", aunque explicó que la denuncia es extensible a Pelayo, Sánchez y Crisol porque todos son o han sido cargos de responsabilidad en este período de supuestas irregularidades. "Se ha presentado una única denuncia con la documentación que creíamos pertinente que, por supuesto, tendrá que verse complementada en los próximos días o cuando el juzgado lo crea pertinente por una cantidad ingente de documentos que obran tanto en poder de la propia administración concursal de Jerecom como en la GMU", explicó el abogado. De hecho, llamó la atención sobre el hecho de que desde el Consistorio jerezano se ha estado "continuamente obstaculizando el conocimiento de los expedientes relacionados con Jerecom. Nosotros pedimos copias de algunos expedientes y no se nos contestó; lo pidió un concejal del Ayuntamiento (Joaquín del Valle) y tampoco se le contestó; lo pidió el Defensor del Pueblo, tampoco tuvo respuesta". Por estos motivos, el letrado no dudó en señalar que la falta de respuesta podría ser consecuencia de "lo que podíamos llamar tal vez un pacto explícito o implícito de silencio en torno a estos problemas, creemos que de todos los que han intervenido en los pactos". Al hilo de este asunto, recordó que precisamente, la alcaldesa actual y la anterior alcaldesa accedieron a sus puestos originariamente en virtud de los pactos que establecieron con el PSA. "Pilar Sánchez decía hace poco en la prensa que ella no se casaba con nadie y puede que sea cierto, pero no es menos cierto que ha cohabitado durante un cierto tiempo con el señor Pacheco y que eso posiblemente haya producido ciertas secuelas", apuntó. El abogado, el mismo que ganó el caso de los huertos de ocio contra el Ayuntamiento de Jerez, respondió también a las declaraciones que apuntaban que Sánchez y García-Pelayo no conocían muchas de las obras de Jerecom al ser obras menores: "Desconocemos el contenido de cada uno de los expedientes, pero nos llama poderosísimamente la atención que con las dificultades que hemos tenido de acceso a los archivos correspondientes hayamos podido al menos localizar 61 obras adjudicadas a Jerecom en menos de 4 años". Al tiempo que matizó que independientemente del procedimiento utilizado para las adjudicaciones en función de las cuantía, "no somos nosotros, sino que ha sido la propia alcaldesa la que ha puesto el dedo en la llaga hablando de posibles irregularidades tales como posibles falseamientos o fraccionamientos de las obras que está expresamente prohibido y es un fraude de ley, y ha sido la propia alcaldesa la que ha estado denunciando supuestas irregularidades como facturas dobles, trabajos no realizados. En fin, una serie de circunstancias que nosotros pensamos que efectivamente existen indicios de que pudieran existir, aunque será el juzgado quien tenga que investigarlo y comprobarlo".

Tal como se recoge en la denuncia, las declaraciones cruzadas entre Sánchez y Pacheo muestran un "elenco de conductas propias de un sistema corrupto" y pone de manifiesto, según el letrado de los afectados de Jerecom, "una situación totalmente inadmisible en un Estado de Derecho, inadmisible que personas que ocupan determinados cargos o que han ocupado determinados cargos se reserven información sobre supuestas actividades delictivas para utilizarlas cuando les convenga o cómo les convenga. Esas personas estaban obligadas y lo siguen estando a denunciar de inmediato tan pronto como tienen conocimiento de los hechos presuntamente delictivos ante la autoridad competente". Respecto a los supuestos delitos que se recogen en la denuncia, Pérez Vera explicó que existen indicios, en primer lugar, de "insolvencia punibles con varias modalidades porque parece que los concursos de acreedores de Jerecom y de otras empresas vinculadas a este grupo no obedecen a causas naturales podríamos decir, ya que se han producido antes de que empezase la crisis económica y todos en periodos relativamente cortos y por causas que parecen más bien relacionadas con el hecho de que han inflado de forma artificial sus pasivos mediante técnicas como el utilizar de forma abusiva el papel de 'peloteo'". Al mismo tiempo, habla de "graves irregularidades" en los concursos, "también ha podido haber alzamiento de bienes" y se recogen en la denuncia posibles delitos "societarios, de falsedad en documento mercantil y prevaricación", este último en relación a los cargos públicos.

A partir de ahora "tendrá el juzgado al que corresponda tramitar este asunto acuerde o no la incoación de diligencias previas", explicó el abogado, destacando que "confiamos en que se proceda a la incoación dada la gran cantidad de hechos que creemos tienen indicios suficientes para que se sigan las mismas y, a continuación, suponemos que seguirá el procedimiento correspondiente". La duda, no obstante, es si la tramitación se llevará a cabo en los juzgados jerezanos o pasará al Tribunal Superior de Justicia "dado que se da la circunstancia de que una de las personas denunciadas, María José García Pelayo, pudiera ser aforada", concluyó Pérez Vera.