Los agricultores y ganaderos de la provincia han vuelto a ocupar este viernes las calles con una gran tractorada, en la que participan un centenar de tractores y más de 150 vehículos particulares, según la organización (60 y 60 según la Policía), en protesta contra los recortes de la PAC que impulsa el Ministerio de Agricultura.

La caravana de vehículos ha salido pasadas las diez de la mañana del circuito en dirección al centro de Jerez para acabar en la explanada de la Feria, donde las organizaciones agrarias (OPAs) y cooperativas agroalimentarias han dado lectura a un manifiesto reivindicativo en el que reclaman la retirada del decreto de convergencia acelerada aprobado por el Gobierno para los años 2021 y 2022, así como un vuelco en la estrategia del ministro Luis Planas para la aplicación de la PAC a partir de 2023.

El sector agrario retoma con esta tractorada las movilizaciones de principios del año pasado, pero que dejó en suspenso por el estallido de la crisis sanitaria, convocadas ante la situación desesperada de los profesionales del campo por la falta de rentabilidad de las explotaciones, en la que ahondan las decisiones adoptadas por el Ministerio sobre la PAC.

"Empezamos en Jerez con el calendario de movilizaciones para decir alto y claro que no estamos para nada de acuerdo con el decreto de convergencia acelerada, presentado con nocturnidad y alevosía, y que afecta en Cádiz al 60% de los agricultores y ganaderos con una pérdida de hasta el 25% de las ayudas", ha explicado Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz.

Al margen de la convergencia exprés, los convocantes critican una reforma "mal negociada" de inicio por el recorte, según indica la propia Comisión Europea, del 13,4 del presupuesto para España y cuya aplicación en el año 23 "va a machacar a la agricultura productiva y diversa de la provincia, a la que no le han regalado los derechos, que se han generado con esfuerzo, sudor y riesgo empresarial". 

Las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias rechazan de pleno la convergencia del valor de los derechos de Andalucía con los de España, lo que supondría pasar de 227 euros por hectárea a 145 euros de media, así como la "tasa plana encubierta" a través de la reducción de las regiones agronómicas, recortes a los que se unirá la incorporación de la figura de los ecoesquemas, que se anuncia como voluntaria aunque será de obligado cumplimiento, y que consumen entre un 20 y un 30% del presupuesto.

"Los agricultores podemos ser más verdes, pero nuestros números son rojos", ha indicado Gallardo. "Hoy estamos aquí y estaremos mañana también; nunca se puede derrotar a quien nunca se da por vencido y el campo gaditano y Asaja-Cádiz nunca se van dar por vencidos", ha apostillado.

En declaraciones a los medios antes de la salida del circuito, el secretario general de Coag-Andalucía, Miguel López Sierra, ha asegurado que "igualar el valor de los derechos no es solidaridad, no es mejorar la vida por igual a todo el mundo porque hay explotaciones que son más pequeñas y tienen un valor de los derechos más alto porque han invertido más y se han modernizado, pero en la mayor parte de los casos tienen rentas más bajas".

"Estamos tocando la parte más débil; las explotaciones que más producen tienen cultivos más sociales, generan más empleo y han hecho muchas inversiones y si tocamos estas rentas nos estamos cargando la economía de las explotaciones, el empleo y el valor añadido, que es lo que hace falta para mejorar la calidad de vida".

"El ministro se ha empecinado y este es el inicio", ha manifestado el responsable regional de Coag, no sin alertar del efecto llamada de vincular los derechos a la superficie para "los fondos de inversión y los mercados financieros, que pueden comprar inmuebles con una ayuda pública". "Es una tremenda barbaridad, es entregarnos a los mercados y, además, en una situación donde no tenemos precio, donde no hay control de las importaciones, la cadena alimentaria se está quedando con los beneficios y nosotros estamos en muchos casos con precios por debajo de los costes de producción. En pocas palabras, nos están arruinando". 

López Sierra ha lamentado, en este sentido, la falta de control de las importaciones. "No tiene sentido que en Europa se hayan levantado este año 300 alertas sanitarias, alguna con meningitis en el tomate. Aquí se prohíbe y fuera le echan lo que les da la gana cuando afecta a un tema tan serio como la salud pública".El dirigente agrario ha asegurado que "vamos a luchar hasta donde podamos", para lo que "esta comarca empieza a dar la cara, y después vendrá Jaén, Córdoba, Sevilla... Vamos a poner las cosas en su sitio y si este señor -por el ministro de Agricultura, Luis Planas- no quiere representándonos y defendiendo nuestros intereses, lo mejor que puede hacer es marcharse".