El ejecutivo sabía que gobernar Jerez en minoría y sin apoyos estables iba a ser complicado. Sin embargo, en el seno del ejecutivo sorprendió que Ganemos, tras fracaso de la reincorporación del ERE, dinamitara todos los puentes de diálogo y se hiciera fuerte en su negativa a prestar más su colaboración, a pesar de que apoyó un plan de ajuste que contemplaba una subida de impuestos que luego rechazó y que tuviera prácticamente cerrado un acuerdo para el presupuesto de este año y ahora lo considere incumplido.

En esta tesitura, el gobierno confía en que, poco a poco, las relaciones se vayan normalizando, especialmente tras el gesto realizado por Izquierda Unida de reabrir una vía de diálogo que semanas atrás se había cerrado. Sin embargo, cualquier solución pasa inexorablemente por Ganemos que, conocedora de su papel relevante, se ha aferrado al no en un momento donde, curiosamente, tiene un debate interno sobre el papel que debe seguir en el Ayuntamiento, una decisión que se adoptará en una asamblea la próxima semana.

Pero al ejecutivo le apremia sacar adelante el presupuesto tras 11 meses de retraso porque debe empezar a vender algo de peso tras un año de gestión, especialmente tras el fiasco de la reversión del ERE. Retrasar las solución al Teatro Villamarta o la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, pueden suponer nuevos reveses para un gobierno necesitado de empezar a proyectar en positivo.

Por este motivo, las fuentes consultadas señalan que el equipo de gobierno, aún sin perder la esperanza de que Ganemos acabe accediendo a cerrar un acuerdo sobre el presupuesto, ya espera la llamada del Ministerio de Hacienda para ver qué hacer ante esta situación de parálisis. No en vano, el Ayuntamiento tiene un plan de ajuste que está incumpliendo y que ahora deberá reformular y unos presupuestos obligados a reflejar un cambio de tendencia de la economía municipal.

Sin embargo, todo está a expensas de los cambios que se produzcan, si llegan a hacerse claro, en el gabinete del ministro Cristóbal Montoro tras la investidura de Mariano Rajoy. Los principales interlocutores de Hacienda con las entidades locales están pendientes de ser ratificados por lo que desde Jerez no se prevé que se fije una cita hasta que esto se produzca. En Madrid, llegado el caso, se expondrá la imposibilidad de sacar adelante el presupuesto y de no poder modificar las ordenanzas fiscales para incrementar la recaudación por lo que se estudiará en conjunto una nueva hoja de ruta. La normativa advierte del riesgo de intervención total por parte del Ministerio en la gestión económica municipal (con la consiguiente imposición de medidas) tras los incumplimientos pero el ejecutivo confía en convencer invocando al bloqueo que sufren.

Eso sí, el gobierno tiene una última posibilidad de sacar adelante el presupuesto y que no descarta adoptarla llegado el caso, tal y como afirman a este periódico fuentes cercanas al ejecutivo. Y esta no es otra que recurrir a una cuestión de confianza, una alternativa que, no obstante, se decidiría tras el encuentro con Hacienda. Ello permitiría, por contradictorio que parezca, que el presupuesto acabara aprobándose aunque retrasaría varios meses su entrada en vigor.

En este caso, la ley y el reparto actual de concejales en el pleno jerezano juegan a favor del PSOE. Una cuestión de confianza es una moción que presenta el gobierno donde pregunta a los ediles si el regidor debe o no debe seguir en su cargo. Si pierde, supone el cese automático de la primera autoridad salvo en un solo supuesto, el rechazo a un presupuesto, tal y como recoge la Ley Electoral y el Reglamento Orgánico Municipal. Por lo tanto, es una alternativa que supone un riesgo cero, aunque retarde el procedimiento y haya que aguantar la lluvia de críticas y reproches de la oposición antes, durante y después de la sesión.

El procedimiento de la cuestión de confianza es el siguiente. Para empezar, el ejecutivo tiene que elevar a pleno la aprobación del presupuesto. Si persiste la situación actual, los socialistas podrían obtener únicamente los votos favorables de IU, una suma que sería inferior a los negativos. Tras esto, podría presentar la cuestión de confianza con una nueva votación del pleno que el gobierno, a buen seguro, también perdería. Pero esta derrota no acabará teniendo consecuencias por la configuración del plenario (11 ediles del PP, siete del PSOE, cinco de Ganemos, dos de Ciudadanos y dos de IU). Esto es debido a que en ese momento se iniciaría el plazo de un mes para que los grupos de la oposición se pusieran de acuerdo para presentar una moción de censura contra el gobierno y presentar un candidato alternativo. Entonces, PP y Ganemos tendrían que consensuar uno, algo inviable a día de hoy. Tampoco habría cabida para posibles casos de transfuguismo dentro del PSOE porque la ley establece que los ediles que votasen a favor del presupuesto no podrían apoyar la moción de censura. Por lo tanto, y en esta tesitura, el presupuesto quedaría aprobado de forma automática transcurrido un mes. Pero todo esto pasará o no tras hablar con Hacienda.