El gobierno local ha decidido aplazar la obligada modificación de la ordenanza que regula el impuesto de la plusvalía que tenía previsto llevar al pleno de este jueves. En la sesión, la alcaldesa, Mamen Sánchez, alegó que han decidido aplazar su presentación a la espera de que en próximas semanas se produzcan contactos entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para concretar posibles medidas compensatorias ante el impacto por la reducción de ingresos por vía fiscal.

Todos los ayuntamientos están obligados a modificar las ordenanzas municipales que gravan el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos para adaptarlas a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de noviembre que anuló el sistema de cálculo de este tributo. Durante estos últimos meses, la Delegación de Economía ha elaborado una modificación de la ordenanza que este jueves debería haberse abordado en el pleno.

Sin embargo, una vez iniciada la sesión, y aunque el día anterior llegó a consultar a un grupo de la oposición sobre su posicionamiento en la propuesta, el ejecutivo anunció que retiraba la propuesta. Así, la regidora aseguró que el Ayuntamiento aún “está a tiempo” para aprobar el cambio normativo por lo que afirmó que se llevará al pleno previsto para el próximo 26 de mayo.

Ahora bien, el real decreto que aprobó el Ministerio de Hacienda para adaptar la Ley de Haciendas Locales al pronunciamiento del Tribunal Constitucional daba un plazo de seis meses a las entidades locales para modificar sus ordenanzas fiscales. De este modo, y teniendo en cuenta que este texto normativo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 8 de noviembre, los ayuntamientos tienen hasta el 9 de mayo para hacerlo. 

No obstante, en declaraciones a Diario de Jerez, la delegada de Economía señaló que semanas atrás se ha tenido constancia de la respuesta del Ministerio de Hacienda a una consulta vinculante realizada por el Ayuntamiento de Málaga preguntando sobre las consecuencias que tendría para las entidades locales en el caso de que no le dé tiempo a modificar la ordenanza. Así, la administración central le apuntaba que los ayuntamientos podrán seguir exigiendo el tributo, aunque no aplicando la normativa municipal sino directamente lo que determina la Ley de Haciendas Locales.  

La propuesta cuenta con el informe favorable del Consejo Social, aunque en su informe aconseja una serie de modificaciones del “sistema de cálculo y declaración”. En este sentido, este órgano consultivo advierte de que, al establecerse la posibilidad de que el contribuyente pueda optar por dos sistemas de cálculo del tributo y acogerse al que más le favorezca, debe “clarificar” el procedimiento al ser “engorroso”, por lo que planteaba que se aplicara de manera automática “el sistema más beneficioso sin necesidad que haya que solicitarlo expresamente”.

Tras esto se emitió un informe jurídico de la Delegación de Economía que apuntaba que la liquidación que finalmente se emita “reflejará la forma de cuantificación más favorable" para el contribuyente. Ahora bien, el ciudadano deberá solicitar y presentar la documentación necesaria para que le realicen ambos cálculos.

Precisamente, hace dos semanas se celebró una reunión de la Comisión de Entidades Locales del Senado se aprobó una moción de ERC que insta al Gobierno a compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos por el nuevo método de cálculo del impuesto de plusvalía.