El gobierno municipal denunciará por la vía penal en el Juzgado a los dos empleados municipales a los que abrió expediente disciplinario semanas atrás. Les acusa de haber accedido durante los últimos años a más de 4.500 expedientes municipales sin tener autorización para ello.

Aunque en un principio el gobierno se negó a dar detalles de los motivos que propiciaron la apertura de los expedientes a estos empleados, la delegada de Economía y Recursos Humanos, Laura Álvarez, compareció públicamente este miércoles para hacerlos públicos, precisamente horas después de que se conociera que la Fiscalía ha admitido a trámite una denuncia de CSIF sobre el sistema de designación y las retribuciones de altos cargos técnicos municipales. Justificó este cambio de postura en que se ha optado por denunciar los hechos en el Juzgado tras producirse el pasado lunes la dimisión de los dos empleados municipales que fueron nombrados como instructores de esta causa laboral.

Estos, según lo apuntado por la edil, han rehusado a continuar tramitando estos expedientes alegando que están siendo presionados por los sindicatos durante su labor de investigación. De hecho, hizo mención de un episodio ocurrido la pasada semana donde unos "20" representantes de los trabajadores se presentaron en el puesto de trabajo de estos empleados para, según Laura Álvarez, "amedrentarlos" profiriendo "gritos e insultos".  

Por este motivo, y ya que el gobierno asegura que no quiere endosarle a otro trabajador municipal la responsabilidad de tramitar estos expedientes ante el temor de que sigan las “presiones” sindicales, ha anunciado que va a archivar los expedientes para empezar a trabajar en denunciar los hechos al Juzgado “para que no queden impunes”.

Álvarez explicó que detectaron a finales de agosto una “fuga de información” de un expediente de la Delegación de Urbanismo. Entonces, se inició una investigación y se comprobó que los dos trabajadores que serán denunciados habían accedido presuntamente al expediente. Tras esto, se siguió el rastro de posibles accesos precedentes hallándose, según la versión dada por la edil, que desde 2017 habían accedido a documentación de distinto tipo.

Según la edil, estos utilizaron la clave de uno de ellos que tiene autorización para acceder a expedientes de distintas áreas. Así, sostuvo que se han detectado “más de 4.500 accesos indebidos a expedientes y documentos municipales” que “no tienen nada que ver con su trabajo”. Entre ellos hay unos 1.500 expedientes de la Delegación de Urbanismo, unos 2.800 del Registro Municipal y unos 140 de Intervención. Incluso, apuntó que se han detectado accesos a procedimientos de contratación.

Para corroborar el informe que elaboró el servicio informático municipal, se contrató a un perito que, según Álvarez, dio "certeza" del acceso fraudulento a estos expedientes. 

Previamente, Laura Álvarez cargó contra los sindicatos a los que acusó de haber procedido a un “hostigamiento” a los empleados a los que se encomendó la instrucción de estos expedientes. De hecho, vinculó la denuncia que el sindicato CSIF ha presentado ante la Fiscalía por el sistema de nombramiento y asignación de funciones de altos cargos del Ayuntamiento a la apertura de estos expedientes disciplinarios.

Tras esto, la edil llegó a insinuar que el PP hubiera podido tener conocimiento del contenido de estos expedientes alegando que la trabajadora expedientada es militante de esta formación. 

Tras conocerse esta denuncia, el sindicato CSIF afirmó que no tiene “constancia” de esta denuncia” anunciada por el ejecutivo municipal. “Ni siquiera tenemos detalles ni copia del expediente disciplinario que se le abrió la semana pasada a nuestra delegada por unas supuestas irregularidades”, añadió.