El Ayuntamiento de Jerez tiene previsto contratar a una empresa para que realice las valoraciones de los inmuebles que vaya a subastar tras haberlos embargado por deudas tributarias.

La firma contratada percibirá entre 120 y 1.100 euros por cada tasación que realice, según estimaciones del pliego de condiciones que regula esta adjudicación. Ahora bien, el precio de cada valoración dependerá del tipo de inmueble analizado.

En un principio, el Servicio de Recaudación Municipal externaliza este servicio por un año, aunque el contrato puede ser prorrogado por otro año más. El precio de la licitación se ha realizado basándose en que el Consistorio encargará unos 10 informes al año, aunque no está obligado a alcanzar este número, tal y como se apunta en la normativa de este procedimiento de contratación.

El Ayuntamiento justifica la necesidad de externalizar esta prestación en la ausencia de “personal cualificado” en el servicio de recaudación para hacer este tipo de valoraciones, que son necesarias cuando una administración pública embarga un inmueble por deudas tributarias para luego venderlos en subasta pública.

Tal y como se recoge en la memoria que justifica esta contratación, en noviembre de 2018 el Servicio de Recaudación Municipal solicitó a la Delegación de Urbanismo que se hicieran encargo de estas valoraciones. Sin embargo, meses más tarde esta concejalía contestó alegando la “imposibilidad” de acometer estas labores, de ahí que ahora se haya iniciado el procedimiento para buscar una empresa especializada en este tipo de tasaciones.

Para proceder a la venta de un inmueble embargado, la ley que regula a las entidades locales obliga a que se realicen “valoraciones previas” de los bienes que vayan a subastarse. Esta labor debe realizarse por los servicios de recaudación municipales, aunque la normativa permite la posibilidad de externalizar estos servicios si, a su juicio, se requieren de “especiales conocimientos” para realizar esta tarea. Para la realización de estos trabajos, se exige a las empresas que cuenten con un arquitecto, para la valoración de las fincas urbanas, y con un perito agrícola, para las rústicas.

El único criterio para adjudicar esta prestación es la oferta económica. El que presente la oferta más baja, será el nuevo tasador municipal. Se prevé que la empresa adjudicataria pueda iniciar sus trabajos en el mes de junio.