El Código Penal castiga con penas de entre 10 y 20 años de cárcel y multa de doce a veinticuatro meses a quienes provoquen un incendio forestal que comporte peligro para la vida o la integridad física.

El Código Penal recoge en su artículo 351 las penas de cárcel a imponer para quien incurra en delitos de incendio que pongan en peligro la vida y la integridad de las personas (10 y 20 años), y el 352 se centra en incendios forestales y establece que esa es la misma pena que castiga "a los que incendiaren montes o masas forestales" en caso de haber existido peligro para la vida o la integridad física, a lo que se añade multa de doce a veinticuatro meses.

De no concurrir ese peligro en incendios forestales la pena es entre uno y cinco años de cárcel, y multa de doce a dieciocho meses.

El artículo 353 desarrolla por su parte la horquilla de penas, que se impondrán en su mitad superior cuando el fuego alcance especial gravedad teniendo en cuenta alguna de estas circunstancias:

1. Que afecte a una superficie de considerable importancia.
2. Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos.
3. Que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a algún espacio natural protegido.
4. Cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados.
5. Cuando el autor actúe para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio.

El Código Penal también prevé que la Justicia pueda acordar la calificación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda modificarse en un plazo de hasta 30 años.

Según la última Memoria anual presentada por la Fiscalía General del Estado, en la que se analizan datos de 2020, lo ocurrido ese año evidenció "la huella del hombre" en los incendios forestales.

Ese año, marcado por el Estado de Alarma y el confinamiento, la Guardia Civil investigó 3.339 incendios, en los que cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas, en su mayoría de carácter leve -según datos del Seprona recogidos por la Fiscalía-,lo que derivó en un total de 437 personas detenidas o investigadas.

Menos con el confinamiento

Al igual que las cifras de incendios, las de detenciones mostraron ese año "una sensible disminución", un 14,81 % con respecto al año anterior en el que se contabilizaron 513 personas detenidas o investigadas.

La Fiscalía vio "lógica" esta circunstancia teniendo en cuenta "la importante disminución en el número de siniestros producidos en 2020 con respecto a 2019, motivado en gran parte por la declaración del Estado de Alarma, (...), observándose una drástica disminución de incendios forestales en los meses de marzo a mayo".

"Este hecho deja clara la huella del hombre en la producción de incendios forestales", destacaba la Memoria