El comité de empresa de la Fundación Centro de Acogida San José ha puesto ya en manos de la Fiscalía lo que considera que son posibles irregularidades cometidas por la dirección durante la pandemia del Covid-19. En concreto, aseguran que “presuntamente, la dirección de la empresa no actuó de manera eficiente contra el coronavirus al permitir que el personal de la Fundación se haya estado encargando del lavado/desinfección de sus uniformes de trabajo en sus domicilios particulares, en contra de las directrices impuestas por la empresa de prevención de la Fundación para la prevención de la Covid-19, cuando la empresa tenía medios para encargarse de hacerlo”.

El comité, del también conocido como asilo San José, asegura que puso en conocimiento de la dirección dicha “irregularidad” pero “como suele suceder desde hace años, la empresa hace oídos sordos a nuestra demanda con el riesgo de contagio que ello ha podido conllevar para residentes, trabajadores y familiares”. Es por ello y ante la falta de respuesta que el comité de salud laboral de la Fundación “procede a presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo, en vista de que no se estaban tomando las medidas preventivas/correctivas que había indicado la empresa de prevención de riesgos”.

Según denuncia el comité, en el documento, “la empresa de prevención establece textualmente que “la ropa de trabajo se lavará en el centro de trabajo y, en ningún caso, los trabajadores se podrán llevar la ropa de trabajo a su domicilio para su desinfección y limpieza”. Así las cosas, “ante la presunta desobediencia de la dirección, casi todos los trabajadores y trabajadoras se han estado llevando la ropa de trabajo a sus casas”.

Tras la visita a la Fundación de la Inspección de Trabajo, “al parecer, la empresa comenta que no tiene medios suficientes para hacerlo. Todos recordamos el famoso caso de la lavadora averiada que conllevó la pérdida de dos puestos de trabajo al 53% de dos compañeras eventuales que llevaban más de 15 años en la empresa”.

Desde el comité detallan que la Inspección de Trabajo realizó “un oficio/informe con fecha 28/04/2020, en la cual inician actuaciones inspectoras mediante visita al centro de trabajo, por denuncia en materia de vestuarios y medidas de protección frente al riesgo biológico. Asimismo, requiere una serie de medidas preventivas en deficiencias detectadas en materia de seguridad y salud, dando a la empresa un plazo de dos meses para su adopción”.

No obstante, en el caso de los uniformes de trabajo del personal “indica textualmente que ‘el empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin’”. Asimismo, en cuanto a los medios para hacerlo, subraya que “cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas”.

Tras contratarse una empresa de lavandería, “la dirección de la residencia de la Fundación, le transmite al presidente del comité vía Whatsapp el siguiente mensaje: ‘A partir del próximo lunes (en referencia al 12 de marzo de 2020), el personal que lo desee podrá depositar el uniforme en el contenedor que se colocará para tal fin en el vestuario’, con la intención de que éste informase a todo el personal. También se informa al personal con similar mensaje mediante cartelería en los vestuarios”.

De esta forma, “la dirección en ningún momento informa de la obligatoriedad de depositar la ropa de trabajo en los contenedores habilitados para su desinfección y deja la decisión al libre criterio de cada trabajador”.

Ante esta situación, los sindicatos UGT, CCOO y ATMJ han denunciado estos hechos ante la Fiscalía “ya que entendemos que, presuntamente, la dirección tendría que haber prohibido al personal que se llevara el uniforme a sus domicilios particulares y haber provisto de los medios adecuados para su lavado y desinfección”. “Pensamos, y así, lo corroboran nuestros asesores y abogados, que lo anteriormente mencionado podría presuntamente estar tipificado como delito contra la salud pública pues esta posible negligencia podría haber supuesto un posible foco de contagio del coronavirus, al reintroducir en residencia el uniforme de trabajo por parte del personal sin las garantías de descontaminación que indica la Inspección de Trabajo”.

A pesar de ello, el comité recalca que “gracias a la labor, profesionalidad y vocación del personal de la Fundación, afortunadamente, hemos mantenido a la residencia libre del coronavirus”. En esta línea, han destacado la labor “de Patricio Caballero Barrios como coordinador de la residencia”, quien fue destituido de su cargo tras 18 años en el puesto, tal como han lamentado desde el comité rechazando la decisión tomada por la dirección.

Por último, desde el comité recuerdan que, pese a estar en medio de la negociación del convenio, “no se nos ha escuchado pedir absolutamente nada en pro del convenio, así que pedimos que no se utilice de excusa de cara a la opinión pública para defender lo indefendible”.

Ante todas estas circunstancias, desde el comité, “en representación de la plantilla y trasladando el malestar de un importante número de familiares de residentes, pedimos la destitución de la directora de la Fundación Centro de Acogida San José por, entre otras muchas casos, esta presunta negligencia”.