A las cero horas de ayer, la empresa pública Corporación Municipal de Jerez SA (Comujesa) se hacía cargo de la gestión del transporte público en la ciudad. Con esta decisión, se daban por finalizados los algo más de tres años que este servicio básico para la ciudadanía ha estado en manos de Servicios Urbanos Amarillos SLU, la firma sevillana del grupo Samar -conocida en estas latitudes por su marca 'Los Amarillos'-, aunque durante los últimos 24 meses no tuvo poder de decisión ya que el Ayuntamiento secuestró la concesión debido a las importantes carencias de su gestión.

Comujesa es una empresa comodín para un gobierno local que recurre a ella para hacer frente a contratiempos puntuales. Por ejemplo, gestionó durante varios meses la ayuda a domicilio mientras se buscaba una nueva adjudicataria y actualmente explota la atención telefónica municipal 010 y los trabajos de calas, que también se quedaron sin concesionaria. Habitualmente, la herramienta de Comujesa es de uso temporal pero, en el caso de los autobuses, todo apunta a que se alargue en el tiempo -el gobierno local descarta por el momento la licitación-.

Pero ¿qué provocó que el Ayuntamiento ordenara, en un primer momento, el secuestro del transporte público- una decisión inusual- y finalmente optara por rescindir el contrato y municipalizarlo? A finales de 2010, Servicios Urbanos Amarillos SLU aterrizaba en una concesión que arrastraba importantes dificultadas con su entonces gestor, la firma Cojetusa, pero los problemas se agravaron en los siguientes meses. El conflicto con los trabajadores se hizo habitual debido a los continuos retrasos en el pago de las nóminas -que conllevó que a lo largo de 2011 y 2012 se sucedieran innumerables semanas de huelga-, las carencias en el servicio se acrecentaron y el deterioro de la flota de vehículos tomó visos de hacerse endémicas; todos estos factores hicieron que en abril de 2012 se secuestrara el servicio por un plazo de dos años. La orden entró en vigor el 7 de mayo, justo un año después de la firma de la concesión administrativa por un periodo de 15 años; mientras la empresa se defendió señalando que no podía llevar a cabo su labor adecuadamente dado los continuos impagos por parte del Ayuntamiento.

De este modo, se apartaron los gestores de Urbanos Amarillos y se colocó al frente del servicio a dos funcionarios municipales -Milagros Pérez, como interventora técnica del secuestro, y Cornelio Vela, en calidad de técnico de apoyo-. El objetivo marcado fue el mismo que se le asignó en su día a la concesionaria: normalizar el servicio. A partir de entonces, se repararon autobuses -muchos se mandaron a la ITV, que llevaban tiempo sin pasar- y se compraron los de segunda mano procedentes de Madrid, además de adoptarse medidas organizativas para garantizar el funcionamiento. Incluso se diseñó una nueva red de líneas que entró en vigor el pasado año. No solo eso; fuentes consultadas por este periódico insisten en la importancia del acuerdo alcanzado con la plantilla para reducir la masa salarial -el gasto bajó en un 20%- y modificar las condiciones laborales para hacer el servicio más eficiente. De hecho, estas mismas fuentes señalan que los niveles de absentismo se han reducido notablemente en la empresa así como los accidentes de trabajo - "el factor humano es importantísimo en un servicio de estas características", apuntó-. A los pocos meses de ejecutarse el secuestro se acabaron los retrasos en el pago de la nómina pero la decisión fue recurrida por la concesionaria, aunque el Juzgado de lo Contencioso respaldó las tesis municipales, un fallo que ahora ha sido elevado al TSJA.

No obstante, esta situación tenía fecha de caducidad: dos años. En febrero, el gobierno local solicitó a la concesionaria que acreditara que las causas que motivaron el secuestro habían desaparecido, a lo que la firma respondió mostrando interés por volver a asumir la gestión. Pero los argumentos dados no convencieron al Ayuntamiento que optó por rescindir el contrato una vez culminara el secuestro y municipalizar el servicio, haciéndolo efectivo tras recibir el martes el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía.

Pero a la vinculación entre Los Amarillos y el transporte público jerezano le queda un epílogo que se resolverá con toda probabilidad en los tribunales. La firma demanda unos 10 millones de euros -el PSOE reduce la cifra a la mitad- porque exige la devolución del aval que depositó cuando fue nombrado adjudicatario (unos cinco millones) y el pago de la deuda que aún tiene el Ayuntamiento (unos tres millones) más la compensación por la adquisición de algunos vehículos. Por ello, fuentes cercanas a la gestión de los autobuses se muestran convencidos que la empresa presentará un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso por la resolución del contrato. De hecho, el PSOE ha insistido en estas últimas semanas que el gobierno local no ha querido llegar a acuerdo alguno con la empresa que evitara la 'judicialización' de este asunto.

Precisamente, varios representantes de Los Amarillos acudieron en la mañana de ayer a las cocheras del polígono El Portal para advertir que no tienen aún notificación oficial de la ruptura del contrato, una maniobra previa a ese contencioso. De hecho, acudieron con un notario para que levantara acta de lo ocurrido.

Mientras tanto, Comujesa tiene la obligación de recuperar la confianza de los usuarios por un servicio que llegó a tener nueve millones de usuarios al año. El último dato conocido es que en 2013 se contabilizaron unos 4,5 millones, una cifra superior al anterior ejercicio. Eso sí, es un objetivo lejano que este servicio pueda autofinanciarse aunque, tal y como apuntan algunas fuentes, no hay ayuntamiento en España que tenga un transporte público con números positivos. Eso sí, un incremento en el número de viajeros y la contención en los costes puede conllevar una reducción en la subvención que cada año tiene que transferir el Ayuntamiento para equilibrar las cuentas. Se estima que el gasto para la ciudad siga siendo similar (unos 7,2 millones) pero la transferencia no irá a una empresa privada sino a una dependiente de la propia Casa Consistorial.