La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) acogió ayer el juicio por el Expediente de Regulación de Empleo del Ayuntamiento, que supuso este verano el despido de 260 trabajadores del Ayuntamiento de Jerez. Una vista presidida por la magistrada y presidenta de la sección primera de la Sala de lo Social del TSJA ,Ana María Orellana, que estará, hasta conocerse la sentencia, en el punto de mira de otros muchos consistorios que estudian en estos momentos la posibilidad de tomar o no la misma medida, ante la escasa jurisprudencia que hay actualmente sobre los ERE en administraciones públicas. Precisamente para asistir a este esperado juicio, poco antes de la diez de la mañana, alrededor de medio centenar de personas esperaba ayer en el interior del Palacio de Justicia de Sevilla el inicio del mismo. Las partes afectadas (representantes del Ayuntamiento y sindicatos) aguardaban el comienzo de la vista a distancia. Delegados municipales como Antonio Saldaña, Javier Durá o Lidia Menacho, entre otros, contaban los minutos antes de entrar a escuchar los argumentos de la abogada de Deloitte, empresa que gestionó el ERE y ahora la defensa del Consistorio. Al otro lado de la estancia, representantes de CGT, UGT, CCOO, CTP y ATMJ esperaban también. Cada parte con sus expertos, sus pruebas, sus documentos y sus testigos.

La letrada de Deloitte fue la primera en presentar sus argumentaciones para defender que, a su parecer, el Ayuntamiento actuó en todo momento según la Ley. Durante casi una hora y media la abogada detalló los antecedentes del ERE, bien conocidos a estas alturas: “Bastante desorganización en el Ayuntamiento, sin RPT, plantilla excesiva, 70% de personal laboral, déficit presupuestario de 50 millones, deuda con Seguridad Social de 109, PIE retenida...”. La representante legal del Consistorio recordó también la aprobación de los créditos ICO por parte del Gobierno central y como, para acogerse a estos préstamos, era necesario acogerse a un duro Plan de Ajuste dentro del cual se contempló el ERE “como una medida” entre otras muchas más. La letrada incidió igualmente en el “esfuerzo” realizado por el Ayuntamiento para minimizar el daño en la plantilla, destacando que en un primer momento se barajó el despido de casi el doble de los 300 trabajadores que se fijó al inicio de ERE. En la misma línea, recalcó que “sólo un sindicato” propuso otras medidas durante el procedimiento aunque, según dijo, o no eran viables o ya se habían tomado o estaban proyectadas.

Los criterios y su objetividad, otro de los asuntos denunciados en numerosas ocasiones por los sindicatos, también centró el discurso de la letrada de Deloitte. Detalló, por ello, que 134 de los despedidos eran mayores de 59 años. Respecto al resto, a los que se les aplicó polivalencia, competencia, etc., explicó que a cada delegado se le preguntó de qué personas no querían prescindir teniendo en cuenta el conocimiento propio que cada responsable municipal tenía sobre la plantilla, las observaciones e indagaciones, el contacto con otros delegados así como el contacto formal o informal con técnicos. Pero la gran pregunta era: ¿Por qué no existía ningún informe sobre estas observaciones/evaluaciones? Pues según la letrada, ningún técnico ni responsable municipal quería firmar ningún papel al respecto ni señalarse porque fue un “proceso muy tenso” y hay técnicos que sufrieron “amenazas de muerte”, “insultos”, “les escupían”, o sufrían “la presión mediática”, citó como ejemplos. Durante toda su exposición, la letrada de Deloitte se basó en numerosas ocasiones, además, en el caso del Ayuntamiento de Estepona, al que TSJA dio la razón en octubre con la  primera sentencia a favor de un ERE en una Administración Pública.

Por su parte, los sindicatos alegaron individualmente la necesidad de declarar la nulidad del ERE por diversos motivos como los defectos en el proceso de negociación, no ajustado a la normativa, según relataron. Desde CTP hicieron hincapié en que un Ayuntamiento no es una empresa privada, “no todo vale”. Recordó también que, en un principio, se anunciaron 300 despidos y el periodo de consultas terminó con el anuncio de 273 despidos. Posteriormente, tras terminar este proceso, el número de afectados por el ERE quedó en 259 . “¿Cómo se hizo?”, cuestionó Antonio Ortega por CTP, augurando que el Ayuntamiento está esperando el fallo del juicio para “a la vuelta realizar más despidos”.

Los criterios del ERE fueron también muy discutidos por Jacinto Morano (letrado de CGT) quien recordó que el Consistorio no se puede tratar como “un taller” y subrayó que el Ayuntamiento debe dar garantía de la prestación de servicios públicos. Respecto a la “situación caótica” del Ayuntamiento, alegada por Deloitte, Morano señaló que no todo debe imputarse “a la parte débil, a los trabajadores”. Igualmente, recordó que con la Reforma Laboral para justificar los despidos en Administraciones Públicas “se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes”. Ante la “insuficiencia presupuestaria”, el abogado argumentó que el Ayuntamiento no tiene este problema porque el resultado presupuestario ajustado de 2011 deja “3 millones” de beneficios y se han financiado los servicios públicos. Además, recordó que “sobrevenida” significa “venida repentina e imprevista”, lo que en este caso se traduciría en una reducción inesperada de gastos o ingresos. Hecho que, tal como recalcó, no ha ocurrido en el Ayuntamiento, “ya que todo lo que ha ocurrido ha sido bueno”, dijo en alusión al recorte de gastos puesto en marcha por el gobierno local. 

La letrada de CCOO, por su parte, incidió en que el Ayuntamiento no cumplió con los requisitos necesarios en el procedimiento, en referencia a la falta de documentación al inicio de las consultas (por el Plan de Recolocación y la clasificación de trabajadores del último año). Además, la abogada de UGT recalcó que los representantes de los trabajadores no han tenido “margen de maniobra” porque el Ayuntamiento ya tenía “su itinerario” en marzo de 2012, en alusión al Plan de Ajuste. El letrado de ATMJ llamó la atención también sobre las causas económicas alegadas por el Ayuntamiento e insistió en que en el expediente no se hace mención a las cuentas de las empresas municipales.

Tras la exposición de los letrados, tocó el turno de los peritos expertos (que se centraron en la parte económica) y testigos de cada una de las partes (que hablaron de los criterios). Los testigos de los sindicatos (coordinadores de área) coincidieron en señalar que nadie les había preguntado ni consultado el nombre de posibles despedidos. Por contra, el portavoz municipal Antonio Saldaña compareció para afirmar que sí había tenido conversaciones y contactos con técnicos sobre los empleados, antes del ERE. No obstante, no defendió con rotundidad (como sí ha hecho en multitud de ruedas de prensa) la legitimidad de los criterios presentados por el Consistorio. Tampoco el testimonio del delegado de Impulso Económico, Francisco Cáliz, aclaró dudas. Reconoció que elaboró un listado de trabajadores “imprescindibles” pero no dejó claro en base a qué criterios.

Tras más de cinco horas de juicio, los sindicatos mostraron su satisfacción por la vista en la que ha quedado acreditada que los despidos fueron “a dedo” y una “caza de brujas” así como “la falta de objetividad” del procedimiento. Por parte del Ayuntamiento, en cambio, guardaron silencio a la espera de lo que diga la Justicia. Tras la celebración de la vista, para que el juicio quede visto para sentencia toca esperar a que la próxima semana los sindicatos presenten las valoraciones sobre la documentación presentada ayer por el Ayuntamiento. Será entonces cuando la decisión final sobre el ERE quede en manos de la juez Ana María Orellana.