Pedro y Rosa, padres de Dylan, denuncian la falta de atención por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) después de que cometiera, hace ya algo más de dos años, “una negligencia médica” durante el embarazo de su hijo pequeño.

Rosa conoció el 31 de diciembre del año 2017 que estaba embarazada y, pocos días después, el 10 de enero de 2018, comenzaría a sufrir sangrados constantes que la llevaron directamente al Hospital de Jerez. Una vez allí, explica la propia Rosa, el médico que le atendió le indicó que tenía una amenaza de aborto. “Me instó incluso a guardar reposo absoluto”, cuenta.

A pesar de ello, al día siguiente los sangrados no sólo no cesaron sino que habían aumentado “considerablemente”. Un hecho que llevó a esta pareja a visitar nuevamente el Hospital. En esta ocasión, tras la realización de las pruebas pertinentes, “hasta cinco sanitarios” le confirmarían el aborto espontáneo. “Me hicieron una ecografía y me aseguraron que no había vida, por lo que pasaron a pincharme para que echase todo lo que tenía dentro y me recetaron un tratamiento”, cuenta Rosa. Un aborto que poco le sorprendió, según explica la afectada, ya que “había sufrido otro por el mismo motivo anteriormente”.

Tan sólo cuatro días después Rosa volvió a incorporarse a su trabajo, aunque poco más tarde tuvo que volver al Hospital de Jerez nuevamente con un excesivo malestar físico. Fue en este mismo momento, con un médico diferente al anterior, cuando le comunican a Rosa que seguía estando embarazada. “¿Quién te ha dicho que has sufrido un aborto?, me preguntó el médico después de realizarme la ecografía”.

A partir de ese momento todo cambió en las vidas de estos padres jerezanos. “Este médico de urgencias me aseguró que el sangrado constante se debía a un desplazamiento de la placenta, no a un aborto. Incluso, se preguntó cómo seguía vivo con la placenta despegada y con la falta de oxígeno que eso le producía”, explica Rosa, que tampoco entiende cómo su hijo seguía con vida tras el tratamiento que le recetaron cuando le confirmaron el aborto.

Tras esta noticia, Pedro y Rosa interpusieron directamente una denuncia al SAS por el error cometido. La respuesta, cuenta Rosa, “la recibimos al cabo de los 5 meses y, por si fuera poco, fue negativa. El SAS entendía nuestra situación, pero alegó que a las 8 semanas no se consideraba embarazo y, por tanto, nos quedábamos tal y como estábamos”, continúa explicando.

“Mi hijo ha sufrido una operación de pulmón, próximamente una de corazón y tiene autismo”

Las malas noticias continuarían llegando para ambos. A los cinco meses de embarazo, en una de sus múltiples visitas al Hospital, a Rosa le confirman que su hijo tenía tres tumores en el pulmón. También le avisan de que “puede venir con malformaciones cerebrales y con los órganos dispersados”.

Nuevamente decidieron interponer una denuncia. En esta ocasión por la vía penal. La respuesta, al igual que la anterior, fue negativa. “La médico forense que nos asignaron elaboró un informe propio cuando nació mi hijo que fue enviado al juez posteriormente. El juez también nos entendió, pero nos informó que ésta no era la vía por la que debíamos denunciar”.

A sus dos años, Dylan ha sufrido una operación de pulmón para extirpar un tumor. Próximamente, aseguran sus padres, será sometido a otra más de corazón, debido a la malformación de una arteria. Incluso, hace poco le diagnosticaron autismo.

“Nosotros vivimos prácticamente en un hospital, entre Sevilla y Jerez. Ambos teníamos trabajos estables y nos vimos obligados a dejarlo para atender a nuestro hijo, por lo que ahora estamos en paro. Sin ningún ingreso, tan sólo con la ayuda de nuestros familiares y amigos, tenemos que afrontar multitud de gastos. Por otro lado, Atención Temprana tiene lista de espera y no podemos permitirnos pagar uno privado”. Añade que “estamos esperando el reconocimiento de la discapacidad y la ley de dependencia, pero aún no sabemos nada”.

En el apartado legal tampoco han avanzado mucho más. De momento, esta familia tiene asignado un abogado de oficio, que volverá a denunciar al SAS. “Simplemente queremos sentirnos escuchados. Tenemos papeles de todo y está probado. Y aunque somos conscientes que deberían indemnizarnos por los daños irreparables, también queremos que esto sirva para que no vuelva a ocurrirle esto a nadie nunca más”.