Un duelo a garrotazos

Varias de las habitaciones de la casa de campo en la Quinta del Sordo, a orillas del río Manzanares, donde residió el pintor Francisco de Goya estaban decoradas con algunas de sus obras del periodo llamado 'Pinturas negras'. En esta serie se encuentra una de las más conocidas, 'Duelo a garrotazos', una escena en la que dos hombres, metidos en fango hasta las rodillas, se golpean salvajemente con unos garrotes. Esta escena pictórica bien puede resumir la relación de Pilar Sánchez y Pedro Pacheco que, por caprichos de la política, se vieron obligados a convivir juntos aunque no se entendieran y ni hicieran el esfuerzo por entenderse.

La antipatía entre uno y otro llegó hasta tal extremo que no dudaron en llevar el enfrentamiento hasta los tribunales. El pasado martes, Pacheco recibía el garrotazo más fuerte de su larga trayectoria política: la Audiencia Provincial le condenaba a cuatro años y medio de prisión por la contratación de sus compañeros de partido José López y Manuel Cobacho en dos empresas municipales. Aquella puesta en conocimiento de la Fiscalía que hizo Sánchez en su momento hizo el daño deseado.

Por eso, Pacheco espera ahora que el garrotazo que lanzó inmediatamente después, al más puro estilo de 'y tú más', denunciando a la ex alcaldesa por la contratación de una veintena de asesores acabe dañándola también. No obstante, cabe la posibilidad de que Sánchez esquive el garrote puesto que la Fiscalía ya ha solicitado el sobreseimiento de la causa.

Este duelo autodestructivo entre ambos ex regidores tiene su génesis en un pacto que provocó que la ciudad viviera su primera moción de censura en su historia democrática. Corrían los últimos meses de 2004 y saltaba por los aires el pacto de gobierno entre PP y PSA, donde militaba Pacheco, que había permitido que María José García-Pelayo fuera alcaldesa y que el líder andalucista siguiera controlando el Área de Urbanismo, esa fuente de vida que parecía eterna en el Ayuntamiento.

PSOE y PSA, que ya habían coqueteado tras los apretados resultados electorales de 2003 (PSOE y PSA habían obtenido nueve concejales y el PP, ocho), decidieron consumar la unión firmando un pacto de gobierno en los últimos días de 2004. Quince días después, se fraguaba la infidelidad y el bastón de mando cambiaba de manos. PSOE y PSA se repartían el poder de Jerez pero desde el primer día fue patente la desconfianza de Sánchez hacia Pacheco y viceversa. Las negociaciones empezaron mal y el PSA tuvo que aceptar a regañadientes una disminución en el número de cargos de confianza que había disfrutado mientras gobernó con el PP.

Así, cuatro meses después del primer acuerdo, se firmó el llamado 'acuerdo complementario', donde se especificaba el reparto para dejar claras las parcelas de poder y evitar injerencias mutuas. En él se especificaba que PSOE y PSA tendrían dos cargos de confianza cada uno y la Alcaldía, cuatro. No obstante, en el último momento los socialistas aceptaron que uno de estos últimos que nombraría Sánchez para su gabinete fuera del PSA. Los agraciados por el nombramiento del personal eventual fueron Miriam Fernández Sánchez y Juan Díaz Caballero, además de Julio Román Gatón. De esta criba quedaban fuera importantes escuderos de Pacheco como José López o Manuel Cobacho, que habían sido nombrados cargos de confianza en 2003. Sin embargo, según reza en la sentencia de la Audiencia, Pacheco permitió que siguieran de algún modo vinculados a la nómina municipal pero, esta vez, a través de las empresas municipales. Pero en septiembre la ex alcaldesa se negó a firmar las facturas que enviaba López a la sociedad Speed Festival. Ante esto, Pacheco no se complicó y siguió con el mismo modus operandi pero a través de Emusujesa, donde ya estaba Cobacho. En cambio, la por entonces alcaldesa no denunció los hechos pero lo guardó en un cajón hasta 2007, que ya no necesitaba de Pacheco al disfrutar de mayoría absoluta, para empezar a utilizarlas como garrote. Así, no solo empezó a golpear con las de López y Cobacho en las empresas sino que también destapó otras que también fueron enviadas a la Fiscalía. Ello derivó en una investigación de la Fiscalía que ha acabado en varias diligencias, entre ellas la correspondientes a las obras realizadas en la casa de la hermandad del Rocío en la que también está imputado Pacheco.

Mientras, Pilar Sánchez tendrá que responder por las ayudas a una empresa para instalarse en el PTA. Y, además, está el caso de las irregularidades en la venta de la estación de autobuses que sigue en diligencias.

Los garrotes siguen arriba y los ex alcaldes están dispuestos a seguir golpeándose.