El gobierno local insiste en la legalidad del parque eólico El Barroso

El gobierno local ha defendido este lunes que su actuación en el parque eólico El Barroso se ciñe a la "legalidad", en respuesta a las críticas vertidas por la asociación Paisajes y Viñedos de Jerez, en la que se integran la mayoría de los afectados por el proyecto que desarrolla Capital Energy en el viñedo protegido del Marco.

En declaraciones a los medios de comunicación, el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha justificado la concesión de la licencia municipal de obras tras insistir en que el proyecto cumple todos los requisitos urbanísticos, decisión, ha añadido, que cuenta con el aval de la Junta de Andalucía.

"La vía urbanística reúne todas las condiciones porque lo permite nuestro plan ambiental, condicionado a la aprobación de la Junta, que lo ha otorgado sin objeción, corroborando la viabilidad del proyecto desde el punto de vista urbanístico", ha señalado.

En relación al último acuerdo suscrito por el gobierno local con la promotora del proyecto de energías renovables ya en construcción entre los pagos históricos de Macharnudo y Añina, el responsable municipal ha indicado que "nosotros estamos firmando convenios con todas las empresas eólicas y fotovoltaicas", al tiempo que ha asegurado que Capital Energy ha llegado a acuerdos con la mayoría de los afectados, en concreto, "con más del 84% de los propietarios, 24 de 27". Los afectados aseguran que el porcentaje es muy inferior y, de hecho, hay 37 propietarios que han presentado alegaciones a la declaración de utilidad pública del proyecto.

Díaz se ha referido igualmente a las sentencias que han tumbado proyectos eólicos en los que los afectados encuentran similitudes con el parque El Barroso y que, a su juicio, no tienen traslación al proyecto jerezano.

La primera de estas sentencias, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, declara nula la autorización administrativa para la instalación de un parque eólico en suelo protegido, mientras que otros dos fallos judiciales del Tribunal Supremo comportan la nulidad de la declaración de impacto ambiental de las dos fases de otro parque eólico en Lugo, en funcionamiento desde 2019, al entender el alto tribunal que se dividió en dos de forma "artificial" y que logró dicha declaración sin valorarse "de forma correcta" su impacto sobre elementos de especial protección como el Camino de Santiago, un yacimiento arqueológico y dos lagunas.

Para José Antonio Díaz, la decisión del Supremo "no tiene aplicación" en parque El Barroso, porque "no se divide en dos fases" -la información publicada por este periódico detalla que la división en el proyecto de Capital Energy atañe al parque, de un lado, y a su evacuación, de otra-, mientras que la sentencia del alto tribunal extremeño "tampoco es de aplicación" por "la normativa vigente de nuestra comunidad y el planeamiento del Ayuntamiento".

El responsable municipal, que entiende que se trata de "información sesgada" e "interesada", ha insistido en el apoyo municipal a los viñistas y las inversiones -en el viñedo, se entiende-. "Otra cosa es que podamos decir si nos gusta o no", ha manifestado dejando entrever su desacuerdo con la instalación del parque eólico en el viñedo histórico, pero "desde el Ayuntamiento estamos por el interés general y por las inversiones".

Cabe recordar que el informe de Urbanismo que acompaña al expediente para la concesión de la licencia de obras de El Barroso concedida en 2021 contradice otro informe técnico anterior del Departamento de Planeamiento del Ayuntamiento que reconoce explícitamente la prohibición de implantar parques eólicos en suelo no urbanizable de especial protección, figura en la que se enmarca el hito paisajístico Cerro Pelado en el que se ubica el proyecto de Capital Energy según el PGOU y el Plan Especial de Recursos Eólicos del término municipal de Jerez.

Pese a ello, el teniente de alcaldesa de Urbanismo ha insistido en que la normativa municipal "no prohíbe expresamente instalar eólicas en viñedos, sí fotovoltaicas, y por eso hemos anunciado una modificación -del PGOU- para prohibirlo en los próximos meses, pero a día de hoy no hay ningún inconveniente", porque "sería prevaricar y este Ayuntamiento no lo va a hacer, hay que dar cumplimiento a la legalidad".

Después de descartar posibles incumplimientos en materia urbanística, Díaz ha asegurado que "estamos entrando en valoración paisajística", al tiempo que ha significado que "hemos apoyado siempre al sector; con la crisis en Europa se hace más necesario buscar alternativas y siempre vamos a estar con los viñistas, pero dentro de la legalidad".