El plazo para presentar alegaciones al plan hidrológico del Guadalete y Barbate y al estudio ambiental estratégico para el ciclo 2022-2027 finaliza el próximo 7 de junio. La Consejería de Agricultura informa de que ambos documentos se encuentran en la fase de información pública y pueden consultarse a través de la web de la Junta junto a los demás textos de ámbito andaluz sometidos al mismo trámite.

El Gobierno andaluz aclara así las dudas surgidas tras la ampliación del plazo máximo para resolver los procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria de los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación de las tres demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Junta de Andalucía (Guadalete y Barbate, Tinto, Odiel y Piedras y Cuencas Mediterráneas Andaluzas). Esta extensión del plazo no afecta, por tanto, al tiempo establecido para presentar las alegaciones.

En cuanto al plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Guadalete y Barbate, la Consejería recuerda que el período para presentar las aportaciones de los ciudadanos concluyó el pasado 7 de marzo.

El nuevo plan hidrológico del río Guadalete y el plan de riesgo de inundaciones en la cuenca salieron a exposición pública a finales de noviembre de 2021. Cabe recordar que el Tribunal Supremo anuló en 2019 los planes hidrológicos de la Junta de Andalucía, entre ellos el del Guadalete, al hilo de una sentencia contra el plan hidrológico de las cuencas mediterráneas (Málaga y Granada). La resolución judicial puso de manifiesto que los planes andaluces carecían de una serie de informes en sus trámites de aprobación. 

Los planes hidrológicos permiten hacer una radiografía exhaustiva de la situación en que se encuentran las masas de agua de cada una de las demarcaciones hidrográficas para, en consecuencia, planificar las medidas más adecuadas para cada territorio a medio y largo plazo.

Estos documentos cumplen un importante papel en el desarrollo sostenible de las comarcas, ya que su objetivo fundamental es compaginar el buen estado de las masas de agua con la satisfacción de la demanda de este recurso natural por parte de la sociedad.

En concreto, dichos planes deben planificar las políticas vinculadas a la disminución de la contaminación procedente de origen urbano y agrícola, así como establecer un reparto en los usos. Además, deben contemplar medidas para mantener el suministro ante el impacto que pueda generar el cambio climático.