García-Pelayo: "No debemos entrar en debate de 'turismofilia' o 'turismofobia': España necesita el turismo"
Gobierno y Federación Española de Municipios y Provincias se comprometen a abordar juntos la situación de los pisos turísticos
El Ayuntamiento de Jerez y la Junta intercambiarán información sobre viviendas de uso turístico
Jerez, una de las ciudades donde más crece la vivienda turística de Andalucía
El Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se han comprometido este martes a trabajar conjuntamente sobre la problemática de los pisos turísticos, "analizar la realidad sobre la que hay que legislar" y decir "qué camino es el que hay que seguir".
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha acudido a la sede de la FEMP para reunirse con miembros de la Junta de Gobierno de la FEMP que preside María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, y de varias de sus comisiones de trabajo, un encuentro en el que no ha cristalizado ningún acuerdo concreto más allá del compromiso de trabajar de la mano.
Tras la reunión, Rodríguez ha expresado a los medios la "vocación" del Gobierno de "dotar de todos los instrumentos necesarios" para abordar la situación "a todas las Administraciones", al tiempo que ha destacado "la voluntad de colaboración de la FEMP".
También ha señalado que pretende abordar "cuantas reformas sean necesarias" para garantizar "el derecho a la vivienda con uso residencial", y confía en contar para ello con los necesarios acuerdos parlamentarios, así como con el apoyo de "la sociedad civil y el sector privado".
La ministra ha aprovechado para hablar a los representantes municipales sobre la nueva plataforma única estatal que unificará datos, estudios y normativas en materia de pisos turísticos, y que el Gobierno quiere tener en funcionamiento antes de que acabe 2025.
Este mecanismo, cuya creación viene propiciada por una directiva europea, servirá para perseguir "el fraude" y "el abuso", así como para "poder trabajar con mayor coherencia en el diseño de las políticas públicas".
Por su parte, la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (PP), ha querido señalar que, si bien los regidores coinciden en que la vivienda es "un derecho fundamental que tienen que proteger", están igualmente de acuerdo en que "la industria turística es fundamental".
"No debemos entrar en debate de 'turismofilia' o 'turismofobia': España es un país que necesita el turismo", ha defendido García-Pelayo (PP), partidaria que un enfoque "transversal" que permita la convivencia entre vecinos y turistas.
La alcaldesa de Jerez ha trasladado que, aunque en nuestra ciudad aún no existe un problema grave con las viviendas turísticas, si es algo que está afectando de manera importante a otras ciudades por lo que desde el Gobierno de España se deben tomar medidas a nivel estatal que compatibilicen la vivienda turística con la residencial, un marco normativo que, con independencia de lo que hasta ahora han legislados comunidades autónomas como la andaluza, dote a los ayuntamientos de herramientas para poder controlar y ordenar estas viviendas de uso turístico.
Ley del Suelo
García-Pelayo, que ha agradecido a la ministra su predisposición, ha reclamado mayor protagonismo de los ayuntamientos en la redacción y tramitación de la Ley del Suelo y también en la normativa que permita un mayor control de las viviendas turísticas, puesto que, como tantas otras leyes, “después se aplica en los municipios los ayuntamientos debemos contar con las herramientas necesarias para poder aplicarlas”.
Del mismo modo, la regidora jerezana, también presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ha alertado de la necesidad de que desde el Gobierno se facilite, de forma real y efectiva, el acceso a la vivienda, una demanda común en todas las ciudades y que, en el caso de Jerez, afecta de manera especial a los jóvenes y a las más de 3.000 personas que esperan poder acceder a una vivienda pública.
Durante la reunión, García-Pelayo ha solicitado a la ministra un aumento real de la oferta de vivienda asequible así como mayor seguridad jurídica para quienes invierten en la compra de una vivienda y para quienes alquilan.
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