Han hecho falta dos declaraciones de estado de alarma, un confinamiento domiciliario con el cierre total de toda actividad no esencial, un toque de queda y un cierre perimetral con el cierre parcial de la actividad no esencial a partir de las seis de la tarde para que el gobierno local se dé cuenta de la situación límite a la que han hecho frente los comerciantes de buena parte del centro a cuenta de las obras de Corredera-Esteve-Santa María-Cerrón y abandere su principal reivindicación.

El Ayuntamiento anuncia que ha solicitado una reunión a la Junta de Andalucía para desbloquear el proyecto de urbanización del céntrico eje viario, sobre el que ambas Administraciones mantienen un litigio tras la orden de paralización de los trabajos dictada por la Consejería de Agricultura.

El ejecutivo de Mamen Sánchez, que hasta ahora se mantenía firme en su decisión de esperar a la resolución judicial para dirimir el conflicto de competencias que subyace detrás de la guerra del adoquín, rectifica y “tiende la mano a la Junta para abordar el desarrollo de esta actuación desde el diálogo y el respeto institucional”.

Aunque el contencioso sigue su curso, el cambio de actitud, admite el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, responde de un lado al nuevo escenario con la ampliación de las restricciones a la actividad comercial y, de otro, al precedente que sienta el acuerdo alcanzado entre la Junta y el Ayuntamiento sobre el Museo del Flamenco, entre otros “guiños” del Gobierno andaluz a la ciudad que invitan a pensar en la posibilidad de zanjar este conflicto.

José Antonio Díaz: "Vamos a dejarnos de historias y a dar ejemplo a la sociedad; ¿nos vamos a pelear por una calle con todos los problemas que hay?"

“Tenemos que ser capaces de superar las diferencias políticas, es lo que nos demandan los ciudadanos, y superada la espada de Damocles tras la reapertura al tráfico de este eje viario, es momento de sentarnos, hablar desde cero y ceder en lo que tengamos que ceder para llegar a un acuerdo”.

En tono conciliador, el responsable de Urbanismo invita a la Junta a tener “altura de miras” e “intentar abrir otra puerta a la colaboración institucional antes de llegar a juicio para enviar un mensaje a la ciudadanía, porque hay muchas familias que están en situación dramática”. “Con todos los problemas que hay, ¿nos vamos a pelear por una calle?”, se pregunta el responsable municipal, quien aboga ahora por “dejarnos de historias y de conflictos para dar ejemplo a la sociedad”.

Los afectados por las obras del eje Corredera-Esteve saludan el cambio de actitud del gobierno local, si bien Nela García, presidenta de Acoje y miembro de esta plataforma considera que llega bastante tarde, hasta el punto de que se ha superado la línea roja de los cierres de negocios –al menos cuatro han cesado ya la actividad– “que no fueron por la pandemia, sino por las obras”.

Dos mujeres atraviesan por el paso de peatones de Cerrón junto a Correos, parcheado de alquitrán y sin pintar tras las obras .

Plataforma de afectados: "Podrían haberlo pensado antes; los cierres y las pérdidas están ahí y eso no se recupera fácilmente"

“No podemos hacer una valoración hasta que no veamos resultados, pero podrían haberlo pensado antes, porque llevamos muchos meses sufriendo y, aunque lo pasado, pasado está, tenemos la espina clavada, y los cierres, los ERTE, los despidos, las pérdidas y la bajada de clientes están ahí”, lamenta, no sin subrayar que “todo eso no se recupera fácilmente”.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez recuerda que, precisamente, la plataforma reivindica desde el principio que ambas Administraciones se sienten a buscar una solución, demanda que ahora parece haber asumido el gobierno local, desde el que el delegado de Urbanismo recuerda que la reapertura al tráfico en el eje de Corredera es provisional hasta que se retomen las obras de urbanización, sin que esté previsto intervenir en los parches que ha dejado en Cerrón y Santa María la renovación de las redes de saneamiento hasta que haya acuerdo, con lo que se podría actuar de inmediato, o decida la autoridad judicial, lo que podría demorarse años.