La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado algunas deficiencias de carácter formal en el proceso de contratación seguido por la Empresa Pública de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía para que el Circuito de Jerez albergara entre 2019 y 2021 el Gran Premio de España de Motociclismo. El expediente de contratación suscrito con Dorna Sports SL, la empresa propietaria de los derechos de explotación del mundial, es uno de los acuerdos analizados por el organismo fiscalizador de los contratos y patrocinios realizados por este ente vinculado a la Consejería de Turismo durante 2019.  

En el informe, cuyas conclusiones se han conocido este miércoles, no pone reparos al acuerdo que permite que el trazado jerezano albergue cada año esta cita del campeonato de MotoGP —la Junta pone buena parte del canon exigido por Dorna mientras que el resto va por cuenta del Ayuntamiento—. Eso sí, alude a la existencia de algunas “incidencias” e “incumplimientos” en el proceso de contratación seguido.

El órgano fiscalizador ha analizado 17 contratos, tres patrocinios y nueve convenios realizados en 2019 por la Empresa Pública de Turismo y Deporte, entre los que se encuentra el Gran Premio. En sus conclusiones, ha advertido de defectos formales también en otros expedientes de contratación del organismo de la Consejería de Turismo para que Andalucía albergara pruebas deportivas de primer nivel como el patrocinio del torneo de golf de Valderrama entre 2017 y 2019 (su coste fue de unos 2,9 millones de euros) o del Andalucía Costa del Sol de categoría femenina entre 2019 y 2023 (unos 2,1 millones de euros). 

En el caso de la compra de los derechos audiovisuales y publicitarios para la FIM Road Racing World Championship para los años 2019, 2020 y 2021 —este es el nombre oficial del acuerdo— la Cámara de Cuentas advierte de que en el expediente de contratación no aparece el informe de insuficiencia de medios. Este documento, exigido por la Ley de Contratos del Sector Público, debe servir de corroboración que una administración pública no tiene los recursos necesarios para acometer una determinada actuación, de ahí que recurra a la contratación externa, en este caso la celebración de una prueba del mundial de motos.  

En las alegaciones que presentó al informe preliminar, la Junta de Andalucía señaló que, como norma general, este tipo de informes lo incluía en los pliegos de condiciones, pero que, “para mayor claridad”, desde este año se han empezado a realizar como “documentos independientes”. Sin embargo, la Cámara de Cuentas no estima la alegación indicándose que este “no se aportó ni en la fase del trabajo de campo ni en el actual trámite de alegaciones”. 

Por otro lado, el organismo independiente echa en falta en los pliegos de condiciones del expediente de contratación “los aspectos económicos y técnicos que han de ser objeto de la negociación, ni el procedimiento que se seguirá para negociar”. Asimismo, sostiene que se superó el plazo máximo dado por ley para hacer público el acuerdo (fijado en 15 días desde su firma). Frente a esto, la Empresa Pública de Turismo y Deporte alegó que había publicado la información en el perfil del contratante de la Junta escasos días después de concluir el proceso de contratación.  

Por el contrato de tres años, la Junta de Andalucía abonó a Dorna unos 10,3 millones de euros (es el de mayor importe analizado en el informe). Una vez concluida su vigencia, ahora hay un nuevo acuerdo que ha permitido la celebración de la prueba en este año y su inclusión en el calendario del año próximo y en el de 2025. El importe que aportará la Junta rondará los 16 millones de euros, impuestos no incluidos.  

Por el momento, Jerez no tendrá prueba en 2024 ya que se ha previsto una rotación entre los trazados españoles para reducir el número de pruebas en territorio nacional (actualmente hay cuatro). No obstante, la Junta confía en que finalmente pueda celebrarse si finalmente se descarta algún gran premio en otro país.  

En sus recomendaciones, y en procedimientos como el del contrato del Gran Premio, que se realizó mediante el procedimiento negociado sin publicidad, la Cámara de Cuentas incide en la necesidad de que el organismo autonómico deje "constancia documental de las negociaciones realizadas con carácter previo a la adjudicación".