Entre 500 y 700 coches, según la organización, han recorrido las calles Jerez el mediodía de este domingo en protesta contra la denominada Ley Celaá, que este miércoles llega al Senado de la nación. La marcha, que se inició en el González Hontoria, prosiguió por la zona norte de Jerez (avenida del Ejército, avenida de Andalucía e Hipercor) para retornar por la avenida Domecq hasta Cristina donde concluyó.

La marcha de vehículos fue sensiblemente inferior a la celebrada el pasado 22 de noviembre, según reconoció a este medio el presidente de Escuelas Católicas, Manuel Holgado. “Ciertamente esta fecha es distinta y muy mala para los centros que están todos implicados en el final del trimestre. Pese a todo -añadió- era la única fecha posible”.

Las dimensiones de la marcha fueron grandes, pues se dio el caso de que la cabecera de la marcha llegó a encontrarse con vehículos que aún no habían salido cuando ya se iniciaba el camino hacia el centro urbano.

Al igual que en Jerez, hubo manifestaciones en todas las capitales de provincia o grandes ciudades alternativas de todo el país. Los motivos de esta protesta son múltiples y variados. “No nos parece que la Ley se pase al Senado de forma urgente. Lo que queremos es la paralización de la Ley Celaá y cambios en muchos aspectos de una legislación que coarta la libertad de enseñanza”.

En la marcha estuvieron en la ciudad, agrupados bajo el paraguas de la plataforma 'Mas Plurales', colectivos educativos de todo tipo, como por ejemplo Escuelas Católicas, cooperativas, ampas y los sindicatos más representativos del sector, tales como FSIE, la división de enseñanza de USO, la Confederación de Centros de Enseñanza, centros específicos de educación especial, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, AESECE y también escuelas aconfesionales junto a todo el sector de la enseñanza concertada.

Otras reivindicaciones de la manifestación se dirigieron contra los que se consideran los aspectos más lesivos de la Ley como que “pone en cuestión la elección de centro, el derecho a elegir de los padres, la existencia de centros de educación especial ordinarios, ignorándose además la autonomía de los centros y la enseñanza de religión en los mismos. Básicamente, si los centros no son sostenibles con fondos públicos no hay forma de acceder a ellos, pues sólo serán para quien los pueda pagar”, destacó Manuel Holgado a este medio.