Juicio por el caso 'Huertos de Ocio'

El fiscal mantiene la petición de cinco años de cárcel a Pacheco y Luis Cruz

  • Duras críticas de los abogados de los técnicos municipales a Pérez Vera: "La acusación particular ha sido manifestamente temeraria"

Al fondo, los representantes de la acusación particular y del ministerio público durante la celebración del juicio. Al fondo, los representantes de la acusación particular y del ministerio público durante la celebración del juicio.

Al fondo, los representantes de la acusación particular y del ministerio público durante la celebración del juicio. / miguel ángel gonzález

El fiscal ha mantenido la pena de prisión para el ex alcalde Pedro Pacheco y el ex gerente de la GMU Luis Cruz por el caso 'Huertos de Ocio'. Es decir, sigue solicitando contra ellos cinco años de prisión por presuntos delitos de prevaricación continuada, un presunto delito de fraude a las administraciones públicas y otro delito de estafa.

Igualmente, el ministerio público, representado por el fiscal Rafael Payá, ha mantenido la absolución para los dos técnicos acusados, Fernando Núñez y Oscar Real, de los que dijo literalmente que no tenían responsabilidad alguna y que "fueron utilizados como meros instrumentos". Quien mantuvo ayer la solicitud de penas de cárcel para los cuatro acusados fue la acusación particular. La representación de los parcelistas de los huertos de ocio sostiene que los cuatro acusados deben cumplir nada más y nada menos que 15 años de prisión. Dicha postura fue duramente criticada por las defensas de los dos técnicos. "Ha realizado usted una acusación particular manifiestamente temeraria", señaló el letrado Camacho, abogado de Fernando Núñez, un joven abogado que apenas salido de la Facultad se encontró con este asunto. En todo momento su defensor ha considerado injustificado que su defendido esté sentado en el banquillo "cuando en la instrucción ni se le nombra y en este plenario su nombre apenas ha salido a relucir".

Ayer, en la octava sesión y penúltima de este juicio que se ha prolongado durante tres semanas, el fiscal volvió a respaldar la libre absolución de los técnicos. Expuso sus conclusiones durante hora y media. Destacó, en la primera fase de su exposición a modo de informe, que "el transcurso del tiempo ha sido esencial" en esta causa "aunque no borra la total falta de transparencia". "Ha habido fallecimientos, infracciones penales prescritas, hay quienes han declarado como testigos y lo deberían haber hecho como acusados". Sostuvo que un simple análisis de los 50 folios del expediente de permuta "deja claro con un simple análisis la comisión de dos delitos. No se cumplieron los requisitos. Hubo falta de honestidad y un grosero incumplimiento" de las normas.

Rafael Payá, el fiscal, centró en Pacheco las máximas responsabilidades de la GMU: "Muchos testigos han dicho que quien mandaba era Pacheco y que un escalón por debajo estaba Luis Cruz". Siguiendo esta línea, apuntó en su informe que "los dos acusados mantenían un control absoluto sobre lo que se aprobaba en Urbanismo", aportando como prueba que "en los consejos de gestión los expedientes ni se leían". Destacó también que el ex alcalde "tiene unos conocimientos muy amplios de urbanismo", así como que "su conocimiento de la operación (la permuta del terreno de los huertos por el edificio de oficinas de Palomino & Vergara) era mucho mayor de lo que él reconoce", apunte que 'adornó' con los "aspavientos que hizo mientras declaraban los peritos".

De Luis Cruz dijo que "no era un mero organizador" y y a este respecto destacó que, por ejemplo, arreglara los problemas de suministro eléctrico que padeció en su momento la empresa Bouncopy en su sede.

Cuando comenzó a justificar las acusaciones de prevaricación, fraude a la Administración y estafa, el representante del ministerio público fue taxativo: "La intención era clara: evitar el complejo proceso administrativo. Eso lo dijo Pacheco -apuntó-, es decir, quería evitar las garantías" con las que debía llevarse a cabo este proceso. "No se puede actuar de forma caprichosa en beneficio de unos pocos", acusó.

De otro lado, consideró que "la importancia vital" del edificio de Palomino & Vergara de la que habló Pacheco en su declaración no quedó ratificada en juicio, si bien cabe señalar que dos testigos apuntaron que allí se iba a instalar la futura GMU. En defensa de sus argumentaciones incidió en que se ofreció el inmueble al presidente de Bouncopy, Ezequiel Navío, y éste dijo que "instalarse allí es suicida". Destacó que hay algo esencial en todo este asunto administrativo que no se cumplió y que era esencial: "No se acredita la necesidad de la adquisición. Es algo esencial pues si no hay necesidad no se puede permutar".

Sobre el presunto delito de prevaricación, el fiscal Payá manifestó que a su juicio es claro: "Hay una falta de transparencia, hay ocultación... Se elude la subasta para que haya adquisición ventajosa por parte del empresario José Antonio Monreal" a través de la empresa Xera.

En lo referente al fraude a la Administración, el ministerio público adujo que "el mero concierto para defraudar ya es fraude. Vale con la puesta en marcha del artificio", y aportó jurisprudencia al respecto. "Ni siquiera es necesario el ánimo de lucro", puntualizó. Todo ello lo basó en que "no se permitió en ningún momento la entrada de terceros en ninguna fase del procedimiento y se evita que la Consejería correspondiente compruebe la operación". "Ni los técnicos tenían conocimiento de que los terrenos habían sido permutados". Para concluir su intervención, disertó en torno al presunto delito de estafa. Sostuvo que hubo una maniobra que perseguía "el empobrecimiento de una parte para el enriquecimiento de otra". Cerró apuntando que "la prevaricación y el fraude son absolutamente evidentes".

Por su parte, la acusación particular ejercida por el letrado Pérez Vera, describió la GMU como "un poder político personalísimo del señor Pacheco", y añadió que "era una Administración que funcionaba en B y que luego blanqueaba" sus acciones. De la Gerencia añadió que "no había en toda Andalucía una delegación de Urbanismo con tantos empleados (262) y además en ella se contrata a un señor que no tiene ni idea de Urbanismo", en relación a Luis Cruz. Al igual que el fiscal destacó que faltaban más acusados en el banquillo: "No están todos los que son, pero son todos los que están".

Pérez Vera tuvo unas palabras para los dos técnicos que él ha sentado en el banquillo de forma absolutamente particular: "Me duele verles en esta situación -dijo- pero eran piezas esenciales que sabían que lo que hacían era ilegal". Incidió en el hecho de que "ningún técnico sabía que había una permuta, incluso la alcaldesa (García-Pelayo) se enteró a posteriori (…). Las permutas no eran habituales (...). Además, hubo una administración desleal de los intereses públicos", señaló la acusación particular, la cual, concluyendo su exposición, añadió que "hay que ponerle coto a esta práctica que causa un daño tremendo" a los intereses públicos.

Alfredo Velloso fue el primer abogado defensor en exponer su informe al tribunal. Fue breve y conciso. Tan sólo habló en lo que a su defendido, Oscar Real, concernía. Fue claro: "Mi defendido, compañero abogado, no ha tenido responsabilidad alguna. Buena prueba es que el fiscal no le acusó desde un principio. Con todo el respeto -espetó a la acusación particular- salvo hoy en su informe no ha mencionado a los dos técnicos". Igualmente criticó el hecho de que la acusación, en defensa de sus intereses, no citara a declarar a José Antonio Parra, el jefe de los jurídicos de la GMU en aquel momento, algo que los asistentes al juicio ya consideraron extraño desde la primeras vistas.

"El tiempo ha pasado, ciertamente -añadió Velloso- pero los documentos están. El señor Real firma documentos pero jamás habla de permuta alguna", manifestó antes de mostrar de nuevo sus dudas al apuntar que "hay otros informes de letrados en la causa y ni siquiera han sido llamados". Cerró su breve pero contundente intervención solicitando al tribunal la absolución de su defendido.

Cerró la intensa sesión el defensor Jaime Camacho, cuyo cliente es el técnico Fernando Núñez. Criticó "las medias verdades" aportadas por la acusación particular, destacó que "no hay ningún documento de Fernando Núñez" y calificó de "manifiestamente temeraria" la acción desarrollada por la acusación particular en este juicio: "Ni siquiera preguntó en la instrucción sobre mi defendido", dijo al tribunal, a la vez que añadió que "en este mismo plenario prácticamente no se ha preguntado nada sobre don Fernando".

Sostuvo la presunta temeridad de Pérez Vera en el hecho de que "acusa sin pruebas".

Sobre la intervención de Núñez, el letrado Jaime Camacho dijo que incluso actuó en beneficio de los parcelistas pues como técnico propuso un turno de alegaciones. "Si no lo hubiera hecho así el desalojo habría sido mucho antes".

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