La oposición acuerda un plan contra la exclusión social

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz): el Grupo Socialista, Foro Ciudadano e Izquierda Unida, han presentado una proposición conjunta para su aprobación al Pleno en la que se solicita que la puesta en marcha de un plan de emergencia contra la exclusión social que abarcaría, entre otros acuerdos, la negociación entre el Ayuntamiento de Jerez y entidades financieras "para que den salida a parte de su 'stock' inmobiliario, promoviendo alquileres sociales para personas en situación vulnerable".

Según indican los tres grupos de la oposición en un comunicado, el primero de los acuerdos que debería recoger ese plan de emergencia contra la exclusión social sería revisar los actuales indicadores de concesión de la bonificación del 90 por ciento de la tasa de agua para familias necesitadas, modificando para ello el actual indicador máximo de ingresos del Índice de Precios de Referencias Múltiples (Iprem) por el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 112,79 euros más.

Además, se defiende en este primer punto la ampliación del límite de consumo de agua, actualmente establecido en cuatro metros cúbicos, y que se asegure a través de la empresa concesionaria de agua "que ningún jerezano se va a ver privado de este bien esencial por falta de pago, utilizando para ello formulas de fraccionamiento de la deuda".

El segundo punto busca "garantizar que ninguna familia jerezana se queda sin electricidad por falta de pago", estableciendo como pasos para lograrlo "instar al Gobierno central a buscar formulas para que se paralicen los cortes de luz a familias con escasos recursos económicos", así como dotar a la Delegación de Bienestar Social y Salud del Ayuntamiento jerezano "de una partida con recursos suficientes, para que ninguna familia jerezana se vea privada de un servicio básico como la "electricidad".

En tercer lugar, se pide el "compromiso" del Ayuntamiento de Jerez de abonar mensualmente las ayudas económicas, matizando que "en caso de no producirse, esta cantidad se sumaría al pago del mes siguiente".

El siguiente acuerdo a adoptar en el plan sería la bonificación del 90 por ciento de la tasa de Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) "a aquellas familias que no puede hacer frente al pago de recibos en casos de viviendas públicas, sociales, o que hayan evitado desahucios mediante la dación en pago".

A este, lo seguiría la mencionada negociación entre Ayuntamiento y entidades financieras, punto en el que se critica que el Consistorio jerezano "enterrara el Plan Local de Vivienda 2008-2018 sin tener un 'plan b' ni aclarar cuál es su política de vivienda pública para atender a un registro de demandantes que ronda los 4.000 jerezanos".

Además, se añade que hay "cantidad de familias desahuciadas o sobre las que pesa el riesgo de desahucio que no encuentran respuestas en su administración pública más próxima y cercana".

El sexto punto recoge un acuerdo para la creación del bono bus solidario para personas desempleadas, "facilitando así los desplazamientos de los jerezanos que atraviesan mayores dificultades económicas".

Por último, la proposición solicita "ampliar los recursos humanos y económicos de la Delegación de Bienestar Social y Salud, para que puedan atender con solvencia a las miles de familias que están solicitando ayuda, y al mismo tiempo se reduzcan las listas de espera".

Tanto el Grupo Socialista, Foro Ciudadano como Izquierda Unida argumentan "la necesidad" de este plan de emergencia contra la exclusión social en "la preocupante situación de alarma socioeconómica de Jerez", aclarando que "no es únicamente que la ciudad tenga 34.973 desempleados, sino que más de la mitad de estas personas que demandan empleo y no logran tener acceso a un puesto de trabajo son parados de larga duración, sin ningún tipo de ingreso y que, en muchos casos, pertenecen a unidades familiares en las que todos sus miembros están en esta desgraciada situación".

"Ante nuevas situaciones, nuevas soluciones", apostillan los grupos de la oposición del Ayuntamiento jerezano, que defienden que "los poderes públicos estamos obligados a implementar nuevas medidas o, en su caso, modificar aquellas que aun siendo efectivas, necesitan ser renovadas ante la situación social".

En este sentido, defienden que el plan "facilitaría el acceso a los recursos de un mayor número de personas que están siendo fuertemente castigadas por esta crisis socioeconómica, producida por los más poderosos y apoyadas ideológicamente en el universo neoliberal".

"En Jerez, el umbral de la pobreza se ha situado en el 30 por ciento de la población, lo que supone que 60.000 jerezanos tienen dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas", recoge el comunicado.

Los grupos aseguran que "una de las medidas más eficaces, como se ha demostrado desde su aprobación en el año 2009, es la bonificación del 90 por ciento de la tasa de agua", y afirman que "una vez comprobada la secuencia histórica de las familias necesitadas que se han beneficiado de ella, urge revisar los indicadores que permiten beneficiarse de esta importante medida".