El Ayuntamiento acogió el viernes un pleno en el que el PP aprobó en solitario y con el voto en contra de la oposición un nuevo Plan de Ajuste para que el Ayuntamiento pueda acogerse a algunas de las medidas previstas en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. La alcaldesa, María José García-Pelayo, aseguró en la sesión que "las medidas aprobadas contemplan la reestructuración de la deuda del Ayuntamiento y garantizan la prestación de los servicios públicos sin subida de impuestos".

A pesar de que desde el gobierno local han mostrado su satisfacción porque Jerez tendrá ahora un "trato especial", lo cierto es que desde la oposición alertan de lo creen que supondrá esta decisión. En concreto, desde el PSOE advierten de que las medidas del Plan de Ajuste que se van a adoptar para cumplir con las "condiciones impuestas" por el Ministerio de Hacienda 'pesarán' en el futuro de la ciudad y el Ayuntamiento. Entre las consecuencias de las condiciones del Gobierno central, los socialistas destacan que "se plantea la disolución de Jesytel y Ajemsa, algo que enmascaran bajo la denominación de absorción, pero la realidad es que esta absorción implica la disolución de estas dos sociedades. Cosa que dudamos que lo conozca el personal de dichas sociedades municipales". Muestran, además, su preocupación y preguntan si el PP "tiene estudiado jurídicamente cómo van a entrar estos empleados en el Ayuntamiento. O quizá estamos ante una estrategia preconcebida para realizar más despidos y, en este caso, bajo la excusa de que las leyes prohiben la entrada de personal laboral a una administración pública". Por ello, el PSOE asegura que no apoyará esta medida si no existe un informe jurídico "de la oficial mayor en funciones de secretaria general de pleno sobre la posibilidad jurídica de que los empleados de estas dos sociedades puedan incorporarse a la plantilla municipal". Además, reconocen que "en ningún caso, vamos a ser cómplices de una medida que pueda tener el riesgo de más despidos".

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista destaca que, entre otras medidas, "se dice expresamente que el Ayuntamiento adquiere el compromiso de reducir al mínimo imprescindible la concesión de declaraciones de interés municipal a las nuevas empresas y, por tanto, los beneficios que ello conlleva. Por contra, nosotros consideramos que la ciudad necesita todo lo contrario, es decir, impulsar las inversiones y para ello es fundamental la ayuda que supone esos beneficios".

Entre las condiciones que impone el Ministerio, desde el PSOE destacan que, "aunque el Plan no lo implica, esto supone que se van a realizar regularizaciones de los valores catastrales de muchas fincas y viviendas que se entiendan que han modificado de algún modo sus características para con la regularización aumentar su valor catastral. Y, además, cada propietario encima tendrá que pagar al Catastro una tasa por regularización".

A juicio de los socialistas, entre las condiciones del Real Decreto, se plasma "claramente la intervención del Estado en este Ayuntamiento, ya que los ingresos que se van a obtener de los anticipos, fraccionamientos y préstamos, nos obligan a ingresarlo en una cuenta restringida controlada y dirigida por el Ministerio, que es quien va a decir cuándo y a quién se paga con ese dinero".

Del mismo modo, advierten desde la oposición que la normativa "prohibe que durante la vigencia del Plan se puedan concertar operaciones de crédito. Es decir, el gobierno de la señora Pelayo da una gran patada hacia adelante a todas las deudas: las de los proveedores con el ICO y las del Estado, las de las operaciones de Tesorería, las del remanente de Tesorería para gastos generales y las de los acreedores pendiente de aplicación con los préstamos que se van a conceder a cambio de que el Ayuntamiento pase a estar intervenido". "Todos estos préstamos se pagarán por los gobiernos futuros, además a ellos les han quitado los ingresos de la gestión del agua y ahora encima quitan la posibilidad de que los futuros gobiernos concierten una operación de crédito", aseguran, añadiendo desde el PSOE que de este modo se "está estrangulando e hipotecando el futuro de este Ayuntamiento y la gestión de futuros gobiernos. No puede ser mayor la patada hacia adelante".

En cuanto a las medidas de aumento de la recaudación, los socialistas aseguran que resulta paradójico que ahora el gobierno "diga que considera muy importante firmar un convenio con la Agencia Tributaria para que incluya el cobro de los impuestos municipales en las devoluciones del IRPF y que con esta medida se ingresarían alrededor de 600.000 euros al año, aproximadamente. Es paradójico, porque en el convenio de recaudación que teníamos con la Diputación provincial, ese convenio diabólico según el PP, se incluían los impuestos municipales en las devoluciones del IRPF y se venía recaudando por ello unos 600.000 euros anuales, que venimos perdiendo desde que resolvieron el convenio con Diputación".

Además, en cuanto a la necesidad de aumento de recaudación, señalan que en el Plan de Ajuste se especifica que "del mismo modo se potenciarán los instrumentos de colaboración con el servicio provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación de Cádiz". Por ello, el Grupo Municipal Socialista acusa al gobierno local de tener "amnesia para lo que no le viene bien y ahora no se acuerdan de todo lo que dijeron sobre el convenio de recaudación con la Diputación, que según decían era de las peores decisiones que había tomado el gobierno del PSOE y ahora al cabo de dos años y pico, ahora quieren volver a potenciar".

En cuanto a las medidas de reducción de gastos, "las del capítulo 1 centradas en la plantilla de las entidades municipales, con los número que exponen, se deduce que van a llevar a cabo una reducción de las retribuciones del 21% (una vez descontado el importe que se van a ahorrar con los despidos que dicen están llevando a cabo y con las jubilaciones)". Desde el PSOE temen que "visto como están llevando a cabo las medidas de personal en el Ayuntamiento, presididas por la arbitrariedad, le pedimos y hasta le exigimos que esas reducciones de los sueldos de los empleados municipales se llevan a cabo con unos criterios objetivos negociados con los repectivos comité de empresa de cada una de las entidades. Criterios objetivos de reducción de sueldos que garanticen que no va a haber ninguna arbitrariedad, que no van a existir premios y castigos como está haciendo con los empleados del Ayuntamiento, y que no se va a bajar el sueldo a muchos, para subirlo a otros o mantener el sueldo a otros". El PSOE avisa, además, de que estará "vigilante", tras las "arbitrariedades" del ERE y la Relación de Puestos de Trabajo.

En conclusión, para el PSOE no cabe duda de que "estamos ante una propuesta que no es otra cosa que una patada para adelante que oxigena el gobierno de Pelayo a cambio de hipotecar gravemente el futuro del Ayuntamiento durante varias legislaturas, atando de pies y mano a los futuros gobiernos, y a cambio dando las llaves del Ayuntamiento al Estado, quedando intervenido este Ayuntamiento. Además de implicar medidas que ponen en peligro el trabajo de muchos empleados del grupo municipal y con ello el futuro de sus familias, otras medidas que van a aumentar la presión fiscal de miles de ciudadanos y otras que van a provocar una mayor recesión de inversiones empresariales en la ciudad".