El comité de empresa de Urbaser condenó ayer a última hora de la tarde a través de su presidente, Juan Cazalla, los incidentes registrados en la madrugada de ayer a la llegada de Tragsa, en particular las lesiones sufridas por un trabajador de la empresa externa contratada para la recogida de basura. "El comité no comparte la violencia y ha colaborado en todo momento con la Policía", explicó Cazalla, quien lamentó no obstante que la alcaldesa criminalizara ayer a toda la plantilla al asegurar que los altercados fueron ocasionados por los trabajadores de Urbaser. En cualquier caso, Cazalla pidió "que se investigue y se detecte a los culpables para que lo paguen".

A modo de réplica a la afirmación de Pelayo acerca de que el conflicto tiene fácil solución si los trabajadores renuncian a 200 euros al mes de su sueldo, el presidente del comité aseguró tajante a este medio que "si fueran 200 euros lo firmamos mañana mismo, pero no es verdad, porque son 200 euros más de los tres millones a los que ya hemos renunciado, por lo que estamos hablando de más de 500 o 600 euros al mes".

Horas antes, a mediodía, el comité ofreció una rueda de prensa tras la reunión mantenida con la oposición en la que denunció el "secuestro" policial de los trabajadores de Urbaser en las cocheras de la concesionaria en el polígono industrial de El Portal, actuación que consideran "vulnera el derecho a la huelga" y que reprobaron tras negar los disturbios por los que, según el 091, acordonaron la zona.

La representación sindical cree que la Policía "cercó" a los trabajadores desde las cinco y media de la madrugada hasta casi las nueve de la mañana para facilitar la retirada de basura por parte de Tragsa, actuación que recriminó Carlos Fernández -portavoz ayer del comité- porque "no corresponde a un Estado de Derecho democrático, sino que más bien recuerda a otros tiempos".

"Nos han tratado como a ganado", indicó Fernández, quien significó que el comité acudió a las cocheras para garantizar la salida de los servicios mínimos y se encontró con el cordón policial, en el que los funcionarios identificaron a los trabajadores, a los que retenían el carné para entrar o salir del centro de trabajo.

El portavoz del comité recordó que desde el inicio de la huelga el pasado día 2 no se ha registrado ningún incidente y lamentó que el Ayuntamiento recurra a una empresa externa pese al cumplimiento de los servicios mínimos del 50% dictados por la autoridad judicial y la inexistencia de un informe de la Junta de Andalucía que avale la intervención de emergencia por riesgos para la salud pública.

"El Ayuntamiento ha violado el derecho a la huelga y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que establece los servicios mínimos necesarios", señaló Fernández, quien calificó de "muy grave" las decisiones adoptadas por el gobierno local.

Según el portavoz, "los trabajadores hemos sufrido hoy una doble provocación, la policial y la de la recogida de basura por otra empresa" y eso que "el comité ha colaborado en todo momento con la Policía, que nos ha llamado diariamente para pedirnos colaboración, para no liarla en la visita de la Reina y así es como nos lo pagan, reteniéndonos como delincuentes, como terroristas".