En el refugio envenenado

Antonio Fernández, con cargo político en el PSOE desde principios de los 80, abandonó el coche oficial tras haber facilitado la transición en la presidencia de la Junta de Chaves a Griñán. Una vez entregado el poder, Griñán le llamó y le dijo: “Antonio, no cuento contigo”. El afirma que le contestó: “Presi, sin ningún problema”.

Griñán prescinde de Fernández pero sabe que no se le puede dejar en la estacada. Recién descabalgado, Fernández afirma en una entrevista: “Mi partido sabe hacer buenos vinos y yo formo parte del soleraje del PSOE. Si me añaden un refresco, lo mismo sigo siendo un vino bebible”. En realidad, lo que Fernández le dijo a Griñán no fue lo de “presi, sin problema”, lo que le dijo es ‘quiero un retiro digno en Jerez’.

El Marco de Jerez, sumido en una crisis estructural desde hace tres décadas, nunca ha tenido relaciones cordiales con la Junta, pero con Clara Aguilera, la titular de Agricultura, esa relación era especialmente fría. El Consejo Regulador, un órgano técnico, funciona como un aglutinador de las broncas del sector, un sector en el que, como define el ex presidente del Consejo, Luis García Ruiz, “todos los protagonistas quieren al tiempo una cosa y su contraria”. Aguilera había pinchado en hueso al querer subvertir esa dinámica y, además, su intervencionismo le había acarreado la animadversión de unos y otros. “Decía que iba a poner derecho a Jerez, que allí eran todos unos señoritos”, recuerda un bodeguero.

La salida de Fernández del gobierno de Griñán coincidió con la convocatoria de elecciones en el Consejo. El puesto de presidente tiene poco poder ejecutivo y mucha estrategia para poner de acuerdo a los contrarios. En ese momento, el Consejo es un polvorín. La caída de los precios de la uva tiene encorajinados a los productores, tanto viñistas como cooperativistas. Han propuesto a las bodegas elaboradoras de brandy que asuman la uva del Marco y las bodegas han contestado que no pueden asumir esos costes. Se está fraguando la rebelión en una situación límite. Hay cooperativas que ya ni pueden pagar a sus asociados, la entrada en barrena de Nueva Rumasa ha dejado colgados contratos de compra de uva, los productores están con el agua al cuello y a las bodegas les atenaza una multa millonaria de Competencia por pactar precios.

Son las cooperativas, en su desesperación, las que se fijan en Antonio Fernández. A Clara Aguilera la idea no le entusiasma, no lo ve claro, pero es una vía para controlar el incontrolable Marco de Jerez. Fernández admite que eso es lo que se podría llamar un retiro digno. Hijo de un trabajador de bodegas, él mismo pertenece a una empresa bodeguera, González Byass, a la que Empleo concedió un ERE siendo él consejero y en el que su propio nombre estaba incluido, aunque no cobrara la indemnización.

Pero para obtener mayorías hay que convencer a los futuros vocales. Las bodegas, que ya tenían pensado el recambio en la persona del presidente del Consejo del Brandy, Evaristo Babé, observan con estupefacción los movimientos. Fernández, poco antes de las elecciones al Consejo, le reconoce a un bodeguero que “en realidad, yo no estoy haciendo nada. A mí la campaña me la está haciendo la Consejería”. Porque es el entonces delegado provincial de Agricultura, Juan Antonio Blanco, quien se encarga de convencer a los pequeños viñistas díscolos; porque es al más alto nivel, en Sevilla, con conocimiento de Griñán, donde se pacta el apoyo de los grandes viñistas de Asaja;porque los bodegueros dan crédito a una supuesta reunión en Somosaguas entre Gaspar Zarrías y los Ruiz-Mateos, muy satisfechos del ERE que Fernández había allanado en la bodega Garvey.

Cuando la juez Alaya afea en su auto de prisión a Antonio Fernández que haya favorecido con dinero público a Jerez se está refiriendo a un buen número de empresas vitivinícolas que se acogieron a los EREs de la Junta. Muchos en el Marco tenían cosas que agradecer a Fernández. Esa ‘campaña’ le sirvió a Fernández para ganar la presidencia por un voto.

Así, Griñán ha conseguido para el ex consejero un puesto representativo de prestigio, en Jerez, como él quería, y bien remunerado, aunque Fernández descubre que el anterior presidente decidió rebajar el sueldo del cargo a la mitad -de 120.000 a 70.000 euros al año, aproximadamente- y que la presidencia no conlleva derecho a coche oficial. Comienza así un mandato marcado por el recelo. De hecho, no llevaba ni unos meses en el cargo cuando se conoce su imputación en el caso de los ERE. Un bodeguero llama a Fernández para anunciarle que van a pedir al día siguiente su dimisión, que mejor que dé él mismo el paso. “No te preocupes -le dice Fernández-, haz lo que tengas que hacer”. Lo que sucede el mismo día en que se va a pedir la dimisión de Fernández es que el candidato de los bodegueros, Evaristo Babé, recibe una llamada, según la versión que dio en su día, del delegado provincial de Agricultura, recordándole que su nombre figura como beneficiario en el listado del EREaprobado por la Junta en 2009 que afecta a los consejos reguladores. ¿Una zancadilla, una amenaza? En el sector cuentan que desde ese momento Babé, presidente de la federación bodeguera, es decir, el representante de los bodegueros, le retira la palabra al presidente del Consejo Regulador.

Ese ha sido el estado de cosas del último año. Colaboradores de Fernández dicen que en las últimas semanas se le veía “preocupado, ausente”, pero que “el trabajo del Consejo no se ha resentido pese a que la situación era atípica”. Para los productores, que lo eligieron, “Fernández no ha hecho nada especial como presidente, ni bueno ni malo. Se puede decir que se ha comportado con elegancia y que sus tareas de representación las ha cumplido con profesionalidad”. Fernández dimitió minutos antes de que la Consejería que lo elevó comunicara su destitución. Aunque todas las personas consultadas lamentan el ingreso en prisión de Fernández, también todos reconocen que el final de su retiro “ha sido un alivio para el sector”.