Los sindicatos dudan de la legalidad del ERE anunciado para Grupo Garvey

La confirmación por parte los nuevos propietarios de Nueva Rumasa (Back in Business) de la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para el despido de la mitad de la plantilla de las bodegas del Grupo Garvey -cerca de noventa trabajadores- y la concentración de la actividad como primeros pasos para garantizar la viabilidad futura ha supuesto un jarro de agua fría para los trabajadores y los sindicatos, que no obstante esperaban la noticia de lo que ya era un secreto a voces.

Al margen de los planes a más largo plazo, que los sindicatos tampoco ven claros, entre otras cosas porque aún carecen de la documentación por escrito, los responsables de las federaciones agroalimentarias de CCOO y UGT, Luis Páez y Francisca Romero, mostraron ayer especial preocupación por el impacto sobre el empleo de las medidas anunciadas el martes por Back in Business, a juicio de Páez, un "drama" dentro de "un sector que ha perdido numerosos trabajadores en los últimos años y de una provincia muy castigada por el paro".

Los sindicatos no se sentarán a negociar nada hasta tener los planes por escrito, para lo que tendrán que esperar a que la empresa resuelva con los administradores concursales de las bodegas del Grupo Garvey -Complejo Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateos, Valdivia y Teresa Rivero- los flecos pendientes, pero tanto CCOO como UGT albergan serias dudas de que se pueda aplicar un ERE en conjunto en cuatro empresas para las que la jueza de lo Mercantil de Cádiz rechazó unificar los concursos de acreedores.

Ambos sindicatos mantendrán hoy una reunión con los delegados de personal de Grupo Garvey para analizar la situación y empezar a trabajar en una estrategia común de cara a la negociación del ERE. "Lo primero es tener el plan en las manos y reducir el número de trabajadores afectados, porque estamos hablando de muchas familias", explicó Francisca Romero, quien expresó sus dudas sobre la legalidad de la medida, que se solapa con el ERE aprobado hace un par de años en Zoilo Ruiz-Mateos, al que la Junta de Andalucía aportó 9 millones de euros y por el que fueron despedidos entre 20 y 30 trabajadores de la bodega.

Antes de conocer la opinión de los delegados sindicales y de los trabajadores, los sindicatos rechazan de plano la medida, que no obstante estudiarán detenidamente cuando reciban la documentación para conocer los argumentos en los que se basa Back in Business para determinar que sobra el 54% de la plantilla y los criterios que se seguirán para poner nombre y apellido a los despidos. A juicio de Páez, "no queda más remedio que negociar, pero haremos todo para intentar bajar ese 54% lo máximo posible", postura con la que coincide Romero, quien anunció que lo sindicatos lucharán para que los despidos sean los menos posibles y a cambio de que ofrezcan garantías del mantenimiento de la actividad, pues hasta ahora no ofrecen ninguna".

Las propuestas que salgan de esta reunión, tanto de los pasos a seguir como de posibles medidas de presión a adoptar, se someterán a votación de los trabajadores, que tienen la última palabra, si bien los sindicatos no descartan "nada" a priori.