Jerez

El tiempo se agota para el PTA

  • Junta y Ayuntamiento siguen sin dar con la tecla tres años después de la quiebra técnica de la sociedad

  • PSOE y PP insisten en airear sus discrepancias, una de las grandes lacras del parque

Imagen del edificio singular del PTA. Imagen del edificio singular del PTA.

Imagen del edificio singular del PTA. / pascual

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En un gesto que le honra, la ex alcaldesa María José García Pelayo (PP) reconoció en su momento haber pecado de ingenuidad al confiar en que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento serían capaces de ponerse de acuerdo para consensuar un plan de viabilidad que sacase a la sociedad gestora del Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA de Jerez) de su situación de insolvencia.

Son las únicas declaraciones coherentes salidas de boca de un político sobre el que estaba llamado a ser el proyecto estrella de la ciudad, caído en desgracia por la incapacidad del PP y el PSOE de mirar por encima de sus intereses partidistas para salvaguardar los intereses de los ciudadanos cuando están al frente de las instituciones públicas.

Socialistas y populares han vuelto a tirarse los trastos a la cabeza -vaya novedad- esta semana a cuenta de la insolvencia de la sociedad gestora del PTA, situación que no deja de ser fruto del cúmulo de despropósitos propiciados por ambos partidos en sus distintas etapas al frente del Ayuntamiento y de la Junta.

Transcurridos tres años desde la aprobación de la liquidación de la entidad gestora del parque en junta de accionistas y año y medio después de la declaración del concurso de acreedores, la sociedad agoniza sin que las posibles soluciones que barajan la Administración local y la autonómica, en la actualidad bajo mando socialista ambas, hayan dado resultado hasta la fecha.

El caso del PTA es la prueba manifiesta del flaco favor que la confrontación política llevada a sus extremos hace a una ciudad como Jerez, cuyo desarrollo económico y social vinculado al sector agroalimentario se ha visto truncado por las estériles disputas en el seno de una sociedad mercantil que, supuestamente, se creó para impulsar y dar vida a este espacio tecnológico.

Lejos de entonar el mea culpa, PP y PSOE insisten en airear sus discrepancias en lugar de rendir cuentas a la ciudadanía por sus errores en la gestión del PTA y de hacer examen de conciencia para evitar repetirlos en adelante. Un simple repaso a la historia del parque bastará para refrescarles la memoria.

El desencuentro al que se refería Pelayo con aquellas declaraciones desembocó en la salida en 2013 de la Junta del accionariado de la sociedad -participado mayoritariamente por el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz con el 51% y el 39%, respectivamente- que abandonó bajo la excusa de las "diferencias insalvables" que existían entre la Administración autonómica y la local, discrepancias que, curiosamente, desaparecieron de un plumazo cuando los socialistas recuperaron la Alcaldía de Jerez en las elecciones de 2015.

Con los socialistas al frente del Ayuntamiento y de la Junta, los responsables del Gobierno andaluz expresaron su deseo de volver a ocupar su sitio en la mercantil Parque Tecnológico Agroalimentario, S.A. "Nos morimos de ganas por volver", manifestó el consejero de Agricultura de turno tras el cambio de color en el gobierno local, que recibió de brazos abiertos al hijo pródigo como única tabla posible de salvación a la que agarrarse para completar el proceso de liquidación y disolución en el que está inmersa la sociedad; sin renunciar por ello a mantener su principal activo, los tres edificios construidos en suelo público: el edificio singular, en el que desarrollan su actividad una decena de empresas en régimen de alquiler; y los inmuebles del Centro Tecnológico del Vino y el contenedor de empresas, inacabados ambos.

Por muy buenas vibraciones que tuvieran el Ayuntamiento y la Junta con los socialistas nuevamente al frente de ambas administraciones, tres años después la solución sigue sin llegar, mientras el ente gestor del PTA sigue a la deriva con una deuda millonaria a sus espaldas que arrastra como un lastre desde que el Ministerio de Hacienda exigió la devolución de 12 millones de euros, el importe de las subvenciones concedidas para la construcción y equipamiento del Centro Tecnológico del Vino y el contenedor de empresas, por el incumplimiento, tanto por parte del PP como por parte del PSOE, de los objetivos y los plazos marcados.

El proyecto se empezó a torcer -hay que decirlo ya- en el momento en el que el anterior gobierno local socialista (2007-2011), con Pilar Sánchez al frente, se empeñó en borrar todo rastro de los anteriores ejecutivos, en particular del primer mandato de Pelayo propiciado por el pacto entre PP y los andalucistas de Pedro Pacheco (PA), con los que el actual PTA dio sus primeros pasos con el nombre de Centro Agroalimentario Integrado (CAI de Jerez).

El CAI fue concebido como una plataforma para fomentar la transformación de las producciones agrícolas y ganaderas de la provincia y servirles de trampolín para su comercialización en el exterior, con la consiguiente generación de valor añadido para la zona. Cuando Sánchez accedió al sillón de la Alcaldía, su obsesión por romper con todo lo que oliera al PP la llevó a reconducir el proyecto, para convertirlo en un espacio dedicado a la innovación y la investigación, con prioridad para la transferencia de conocimientos de lo público hacia lo privado, cambiando su nombre por el de Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA de Jerez).

La ironía es que la anterior regidora socialista se empeñó en dar el salto tecnológico en un espacio que no reunía las condiciones mínimas para el desarrollo de actividades de I+D+i, entre otras cosas porque las primeras empresas que se instalaron en el parque tuvieron que alquilar generadores al carecer el PTA de suficiente potencia eléctrica para acometer las obras. Por no tener, el parque tampoco tenía cableado de fibra óptica y carecía de cobertura para conectarse a internet -es como jugar al fútbol con una caja de cartón-.

Lo peor de todo es que ni los socialistas ni los populares en su regreso a la Alcaldía atendieron nunca las advertencias y recomendaciones de los agentes económicos y sociales, que desde el principio reclamaron ceder las riendas al sector privado y limitar la intervención pública a atraer inversiones.

Lejos de atender las sugerencias, los socialistas, primero, y los populares, después, se dedicaron a jugar a las casitas, desviándose la sociedad del parque de su cometido inicial para reconvertirla en promotora inmobiliaria. Fue así como la sociedad gestora se convirtió en una suerte de órgano cazasubvenciones, trampa en la que cayó el Estado concediéndole las ayudas millonarias que ahora reclama.

No hay que ser Premio Nobel de Economía para entender que una sociedad que maneja un presupuesto de 250.000 euros y con un capital mínimo, pese a su ampliación, sería incapaz de responder ante cualquier eventualidad, como fue el incumplimiento de los plazos y objetivos de los dos nuevos edificios públicos que nunca llegaron a tener uso y que derivó en la exigencia del reingreso de las subvenciones por parte del Ministerio de Hacienda.

Ante la insolvencia de la entidad para hacer frente a la reclamación estatal, que dio paso al embargo preventivo por parte de la Agencia Tributaria de los créditos a favor de la sociedad, en quiebra técnica desde entonces.

Comenzó así la deriva hacia la liquidación y disolución, que luego se transformó en solicitud de concurso de creedores voluntario para ganar tiempo. Pero el tiempo se agota para el futuro de los edificios públicos del PTA.

La Junta, tras su regreso, tiene la llave. En el mejor de los casos, los planes de la Administración autonómica pasan por mantener la titularidad pública de los edificios, dotarlos de contenido e incorporar el PTA de Jerez en la red de espacios tecnológicos Tecnobahía, bajo su gestión. Su idea es convertir el Centro Tecnológico del Vino en centro de investigación, mientras que el contenedor de empresas pasaría a ser un edificio administrativo para la realización de trámites burocráticos relacionados con el sector agroalimentario.

La ejecución del plan en estos momentos tendría un coste de menos de 20 millones (12 de la devolución de las subvenciones, cuatro de la tasación de los inmuebles y quizás otros dos millones para equipar los edificios y reponer los elementos sustraídos en los últimos saqueos), cantidad que no parece desorbitada para la Administración autonómica, que en todo casi quiere reducir ostensiblemente esta cantidad para llevarlo a cabo.

En el peor de los casos, el concurso que ya está en fase de liquidación se cerraría sin ninguna oferta sobre la mesa, con lo que los tres edificios estarían condenados al abandono y engrosarían, junto al mastodonte del también fallido palacio de congresos junto al hospital, la nómina de esqueletos del cementerio de proyectos de la ciudad que nunca llegaron a ver la luz.

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