Cifuentes también

No esperaba yo que la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, se sumara a la larga lista de prohombres, y promujeres, de la derecha más clasista -Pujol, Mato, Aguirre- que en el fragor de la batalla política echan mano del argumento venenoso de la Andalucía subsidiada y parásita. Clasista y torpe, porque con ese topicazo le dan medio trabajo hecho a los que viven del victimismo andaluz y ocultan su incapacidad bajo la manta del agravio gratuito y la ofensa exterior a esta tierra.

Veíamos una Cifuentes adelantada de la modernización ideológica y política del Partido Popular, combatiente contra la corrupción y alejada de la derecha elitista de Esperanza Aguirre, y nos encontramos con una lideresa pija y perdonavidas, anclada en la época en que el PP era AP y rechazaba de plano el autogobierno andaluz.

Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás servicios, dijo Cristina Cifuentes en su Parlamento. Qué va. La portavoz del PP andaluz, Carmen Crespo, le ha dado la mejor respuesta: "Tengo la firme convicción de que en España nadie le regala nada a nadie. Es un principio esencial de cualquier sistema que se negocie la solidaridad entre comunidades".

Digamos si hace falta, una vez más, que no son las comunidades autónomas las que tributan a Hacienda, sino los individuos y sociedades que viven y funcionan en ellas. Presumir de que en Madrid se pagan más impuestos que en Andalucía es puramente obsceno, tan obsceno como que un banquero se vanagloriase de financiar los colegios a los que van los hijos de los pobres. E incluso así, también podría hacerlo un banquero andaluz en referencia a la educación de los madrileños desfavorecidos. Este no es un asunto territorial.

La solidaridad entre las personas y las regiones que integran España es una obligación moral y política que ha de garantizar el Estado redistribuidor. Su concreción jurídica (leyes fiscales, sistema de financiación autonómica, fondos de cooperación, etcétera) puede revisarse y mejorarse, pero los principios que la inspiran son constitucionales y deberían ser inamovibles. Que los ricos contribuyan al erario más que los pobres no admite discusión. Ni la admite que refregarles a los beneficiarios este elemental axioma de la convivencia nacional supone una humillación para ellos y una obscenidad por parte de sus ofensores.