El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, no logró ayer que el Tribunal Supremo descartara como prueba unas agendas que le fueron confiscadas en la investigación del llamado caso Bettencourt y que podrían comprometerle en varios procesos judiciales.

Sarkozy y su defensa se escudaban en el artículo 67 de la Constitución francesa, que concede ciertos privilegios judiciales a un presidente en ejercicio a la hora de ser investigado. Pero los magistrados de ese tribunal no entraron en el fondo de esa cuestión jurídica y consideraron que el recurso en el que reclamaba sus agendas carece de sentido, pues el político conservador dejó de estar imputado por supuesto abuso de debilidad de la multimillonaria dueña de L'Oréal, Liliane Bettencourt.

Otras diez personas sí permanecen imputadas en la causa sobre la presunta financiación ilegal de parte de la campaña que en 2007 llevó a Sarkozy a la Presidencia francesa, entre ellos su tesorero de campaña y posterior ministro de Presupuesto, Eric Woerth.

Esas agendas, que podrían implicar al ex presidente al menos en otras tres investigaciones, podrán seguir utilizándose como prueba hasta que un imputado cuestione su uso en el marco de otra instrucción, señaló ayer el abogado de Sarkozy, Patrice Spinosi.

Se trata de un elemento importante porque a Sarkozy también se le investiga, entre otros asuntos, para aclarar si benefició a su amigo Bernard Tapie en el arbitraje privado que falló a favor del empresario y en contra del Estado por la venta de Adidas. Fue el colofón a un proceso judicial de dos décadas que en 2008 se saldó con una indemnización para Tapie de 403 millones de euros que salieron de las arcas públicas.

Además, las agendas podrían arrojar luz sobre las supuestas donaciones ilegales para su campaña que el entonces dictador libio Muamar el Gadafi pudo haber entregado a Sarkozy.