medio ambiente

Juan Clavero: "Es inaudito que se use un acta voluntaria para denunciar por contrabando"

  • El ecologista se enfrenta a una posible sanción de 20.700 euros por tenencia ilegal de especies 

  • En total, 25 tortugas moras se encuentran pendientes de traslado al Parque Natural de Alhucemas, en Marruecos 

El ecologista Juan Clavero, junto a dos de los ejemplares de tortuga mora. El ecologista Juan Clavero, junto a dos de los ejemplares de tortuga mora.

El ecologista Juan Clavero, junto a dos de los ejemplares de tortuga mora. / D.C.

Para Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, el inicio de sanción puesto en marcha desde la Agencia Tributaria por un supuesto contrabando de tortugas moras (Testudo graeca) entra dentro de lo "inaudito": el informe del Seprona que califica a Clavero como "tenedor de especies protegidas" se emplea para abrir una sanción por no "acreditar la tenencia legal de las especies". El mismo texto señala que el ecologista es "depositario" de las 23 tortugas moras que se encuentran en su domicilio, "al no haberse asignado hasta la fecha por el CATICE (Centro de Asistencia e Inspección del Comercio Exterior) ningún centro de rescate para el depósito de los ejemplares intervenidos".

"La única corrección es que los animales no llevan veinte años en mi casa -explica al respecto Juan Clavero- sino que, durante este tiempo, han estado cuidados por voluntarios de Ecologistas en Acción en diversas casas, incluida la mía, con terreno adecuado. Ahora las tengo todas reunidas para la inspección y pensando en un inminente traslado a Marruecos".

La tortuga mora es una subespecie norteafricana que, desde el Paleolítico Superior, ha estado también presente en nuestra península. De hecho, y a pesar de ser una especie protegida, en ambas orillas ha sido frecuente su uso como mascota. En Andalucía, los ejemplares pueden tener doble origen: autóctono y norteafricano. Por ello, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la política es "liberar a los ejemplares autóctonos en el medio natural de Almería y confinar en recintos cerrados a las de origen desconocido". Aunque "lo deseable sería que volvieran a Marruecos o Argelia y fueran liberadas en su medio natural", por ello, la administración andaluza -según documento de mayo del año pasado- valoraba "positivamente la iniciativa de Ecologistas en Acción de repatriar a Marruecos los ejemplares ilegalmente introducidos en Cádiz, así como su descendencia".

Las 23 tortugas por las que Juan Clavero tendría que pagar, según Hacienda, 20.700 euros por una presunta infracción de contrabando tienen su origen en la llegada a España de manera ilegal de dos ejemplares, macho y hembra, que terminaron siendo puestos a disposición de la sede de Ecologistas en Acción en El Puerto. La hembra fue traída de Alhucemas por un pescador que la tenía en su casa de El Puerto; mientras que al macho lo trajo a España un trabajador del puerto de Ceuta, que lo cedió a su hermano -profesor recientemente fallecido- que lo mantuvo, junto a otro ejemplar, dentro de un marco educativo en el CEIP Albarracín de El Bosque. Sendos animales se encuentran actualmente en una parcela de la zona de La Torrecilla, atendidos por voluntarios y familiares del profesor, "que nos han comunicado su deseo de que sean devueltas a Marruecos". Una opción que es, de hecho, en la que han estado trabajando los ecologistas durante los dos últimos años: la introducción de las tortugas en el Parque Nacional de Alhucemas, en el país marroquí. Esta posibilidad se presentó como la mejor salida ante el hecho de que, desde que llegaron los primeros ejemplares, los ecologistas han intentado que distintos organismos se hicieran cargo de ellos, pero tanto en el centro de Almería como en el Zoo de Jerez manifestaron estar colapsados: "Hubo una avalancha de gente que se deshacía de las tortugas cuando pasaron a entrar dentro del delito de tráfico", apunta Clavero.

"Requerido para que se muestre alguna documentación al respecto -indica el informe del Seprona-, manifiesta que carece de documento alguno". "En 2001, cuando Sebastián Saucedo era delegado de Medio Ambiente, ya se dio nota a la administración de la aparición de estas tortugas, y se notificó al Soivre", declara por su parte el ecologista.

Y está la documentación más reciente: la carta en la que, en mayo del año pasado, la Consejería de Medio Ambiente muestra su conformidad respecto al traslado de estas tortugas; la respuesta del Alto Comisariado de Aguas, Bosque y Lucha Contra la Desertificación del Reino de Marruecos para la devolución de los animales confiscados -que apoyaban la iniciativa previa concesión del certificado CITES de traslado de especies protegidas y cuarentena de los ejemplares en el zoológico de Rabat- y la nota para tramitación de expediente de exportación desde la Dirección Provincial de Comercio. Toda esta es la documentación que, apuntaban en la nota los ecologistas, el Soivre ha obviado en su información sobre las tortugas a la Agencia Tributaria.

"Se utiliza el acta de manifestación voluntaria, el informe del Seprona dentro del expediente de concesión, como material de denuncia, como si fuera un acta de aprehensión mientras a la vez se me hace adjudicatario de las tortugas", afirma Clavero. "Es como si alguien pillara un águila con el ala rota y, mientras la tiene en su casa esperando que se hagan cargo de ella, alguien lo acusara de tráfico de especies", continúa.

Actualmente, las tortugas se encuentran en una parcela cercada al aire libre, de terreno arenoso y con vegetación, siendo atendidas por voluntarios y voluntarias de Ecologistas en Acción. Están separadas por edades y sexos, para evitar que se sigan reproduciendo y aunque ahora hibernan, como todas las de su especie, cada vez notan la subida de temperaturas. "Lo que más siento con todo esto -prosigue Clavero- es la nueva pérdida de tiempo, que todo el proceso de nuevo se haya paralizado".

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