Como ya se anunció por la mañana, el Pleno Ordinario de este miércoles, que dio comienzo a las 18:00 horas, ha aprobado interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo para impugnar la sentencia emitida en septiembre pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto de 2012.

Todos los grupos políticos de la Corporación votaron a favor de iniciar el procedimiento de impugnación del sentencia mediante el recurso de casación (lo cual fue ratificado en el punto 11 del orden del día), excepto Adelante El Puerto, cuyos tres concejales se abstuvieron.

El alcalde Germán Beardo, del Partido Popular, agradeció el consenso conseguido en la Corporación para poner en marcha el procedimiento, que se hará en paralelo a la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, que ya se está elaborando bajo supervisión del jefe de Planeamiento del área de Urbanismo, Ildefonso Benítez, donde el modelo de ciudad “será acorde al crecimiento y a las nuevas normativas, participativo y consensuado con todos los agentes implicados: vecinos, propietarios, inversores y colectivos”. Para el alcalde este nuevo documento “es el mayor reto que tiene ahora la ciudad”.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, explicó en su turno de palabra el conflicto entre la normativa estatal y la autonómica en lo referente a la Evaluación Estratégica Ambiental, una de las causas de anulación del PGOU. Añadió además que desde la Concejalía de Urbanismo se invitará a todos los colectivos a participar en la elaboración del nuevo Plan, “ya que el éxito del PGOU es el consenso”.

Por su parte, Adelante El Puerto, defendió que el PGOU “debe ser económicamente sostenible” y expresó sus dudas sobre el nuevo documento, preguntando si se va a convocar también a Ecologistas en Acción, “que sabían que el Plan General se iba a tumbar”.

Respecto al PSOE, el concejal Enrique Báez, arquitecto, se puso “a disposición del equipo de gobierno para que no se paralice la inversión”, y afirmó que el recurso planteado ante el Tribunal Supremo es “la mejor herramienta, y en paralelo hacer un PGOU participativo”.

El plazo límite para presentar el recurso de casación es el próximo lunes, día 18, y el abogado que lo defenderá será José María Millán. El pleno aprobó su contratación por unos 15.000 euros.