La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenando al que fue Encargado de Equipo de Mantenimiento en la Universidad de Cádiz por malversar de manera continuada fondos públicos a 21 meses de prisión. El encargado, según reconoció él mismo, se concertó entre los años 2018 y 2019 con dos empresarios para que estos inflasen la facturación de los suministros que adquiría para la UCA en un 10% sobre la base del precio real. El objetivo no era otro que "apropiarse de caudales públicos" en su propio beneficio. La suma defrauda esos años alcanzó los 2.971 euros. 

El empleado de la UCA evitó la celebración del juicio en el Palacio de Justicia de Cádiz toda vez que confesó la autoría de los hechos, por los que fue condenado en firme como responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación a 21 meses de cárcel, multa de 1.620euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de tres años y un día.

El tribunal de la Sección Cuarta, encargado de juzgar el caso, acordó la suspensión de la pena de prisión durante dos años con la condición de no delinquir en ese tiempo.

Los empresarios, que también admitieron los hechos, fueron condenados por los mismos delitos que el trabajador de la UCA en concepto de coautores a la pena de nueve meses de cárcel (igualmente suspendida) y multa de 792 euros.

La sentencia recoge como hechos probados que L.S. trabajó como personal laboral fijo con contrato como Técnico Especialista de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento desde el 1 de julio de 1998 para la Universidad de Cádiz.

Mediante una resolución con fecha de 16 de mayo de 2018, se le adscribió temporalmente y con carácter provisional al puesto de Encargado de Equipo de Mantenimiento del Campus de Cádiz como consecuencia de la jubilación del anterior titular y hasta tanto no se resolviera el procedimiento para la cobertura definitiva del puesto.

Así, L.S. ejerció provisionalmente como responsable de mantenimiento desde el 16 de mayo de 2018 hasta el 26 de julio de 2021, si bien estuvo de baja a consecuencia de un accidente de tráfico desde el 30 de abril de 2020.

Entre sus funciones como personal de Mantenimiento e Infraestructuras, se encargaba de la negociación con distintos empresarios y proveedores para la compra de material y útiles necesarios para la subsanación de incidencias y conservación de las instalaciones de los diferentes departamentos de la universidad pública.

De otra parte, la resolución judicial explica que F.R. era titular de una empresa de electricidad en la capital gaditana donde su hermano, el también procesado A.R., trabajaba en atención al público. Dicha empresa venía siendo proveedora de material eléctrico para la UCA desde noviembre de 2008.

La sentencia detalla que, a la fecha de los hechos, en los Campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras había distintos servicios de mantenimiento con supervisores diferentes y cada uno con su responsable. Ante la inexistencia en la Universidad de un departamento de gestión de compras y almacenaje de material, la gestión de adquisición y suministro se realizaba cuando el técnico correspondiente acudía al servicio y comprobaba dicha necesidad.

La gestión del suministro era asumida pues por la Unidad de Gasto interno de la UCA, que adquiría el material de dos formas diferentes. De una parte, por la propia Unidad Administrativa de Gasto tras el asesoramiento del personal de mantenimiento a través del encargado de equipo. Dicho asesoramiento consistía en la búsqueda de presupuestos, generalmente con empresas ubicadas próximas a edificios o instalaciones de la Universidad.

La segunda forma de compra se hacía con cargo a la órganica de mantenimiento. La gestión y adquisición del material se realizaba únicamente en los casos que se tratase de actuaciones en edificios e instalaciones que alojaban servicios generales de la organización de la UCA, ubicados principalmente en el Campus de Cádiz. En este caso, el personal de mantenimiento elaboraba una previsión del material necesario y solicitaba un presupuesto a empresas próximas, encargándose de ello el Jefe de Equipo con el visto bueno del Jefe de Mantenimiento. Este último proponía una cantidad económica asignada a cada proveedor con base a las necesidades cubiertas en años anteriores y previsiones futuras.

De todo ello se daba traslado al responsable de la Unidad de Gasto y al Director del Área de Infraestructuras para su autorización, así como para la tramitación de reserva de crédito correspondiente. Una vez realizada la reserva de crédito a las empresas seleccionadas (material eléctrico, fontanería, ferretería...), los pedidos se hacían bajo demanda en función de las necesidades requeridas en cada campus, siendo el personal de servicio y mantenimiento el que solicitaba el material con la previa conformidad -como se ha dicho- del Jefe de Equipo y el visto bueno del Jefe de Mantenimiento.

Realizado el pedido, el personal de mantenimiento solicitante era el responsable de su recepción. Así pues, se comprobaba que el albarán de entrega facilitado por el proveedor se correspondía con el material solicitado y recibido. Ese albarán era entregado al Jefe de Equipo para la elaboración de la pertinente factura y su posterior traslado al Jefe del Servicio de Mantenimiento, a la Unidad de Gasto y a la Dirección del Área de Infraestructuras.

Esta segunda forma de actuación, detalla la resolución judicial, fue la utilizada entre los años 2018 y 2019 por los ahora condenados. Durante el periodo señalado, L.S., "con el propósito de apropiarse de caudales o efectos públicos de la Universidad de Cádiz, se concertó con los empresarios F.R. y A.R. para que estos inflasen la facturación un 10% sobre la base del precio real al objeto de que el encargado pudiera hacer suyo dicho exceso, ya fuese en metálico o convertido en materiales de suministro".

Los hermanos gerentes de la empresa de electricidad, como contrapartida, "se aseguraban los futuros suministros que dependiesen del encargado del Equipo de Mantenimiento". 

En ejecución del concierto anterior, los condenados causaron un daño patrimonial a la UCA por valor de 2.971 euros, una cantidad que los implicados en estos hechos consignaron antes de la celebración del acto de conformidad.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional de Cádiz fue la encargada de investigar este procedimiento.