Manuela Bravo, de 61 años, vivía sola en un piso social del Ayuntamiento de San Fernando, en la Casa Micolta, en plena calle Real. Era usuaria esporádica de los servicios sociales y, a veces, se acercaba a la parroquia cercana a pedir alimentos. A principios de junio, tras días sin saber nada de ella, los vecinos alertaron de su ausencia. Era una mujer solitaria, pero no hasta ese punto. Su cadáver fue encontrado en el interior de su domicilio. Llevaba dos semanas muerta, en un alto estado de descomposición.

En un principio, según la inspección ocular, la Policía dijo que se traba de una muerte natural, pero que investigarían. No había signos apreciables de violencia. El forense determinó que la causa era “compatible con la asfixia”. Se habló de la muerte en soledad. No era esa la causa.

Alrededor de las dos de la tarde del pasado lunes 8 de julio varios coches de la Policía Nacional acudían a la Avenida Quinto Centenario, en pleno centro de la barriada Río San Pedro (Puerto Real). Allí, en el segundo piso del bloque número diez, detenían a Miguel, un hombre vecino del barrio, de 41 años de edad, como presunto autor de un delito de homicidio y violencia de género.

Tras la aparición del cuerpo hace ya más de un mes, se inició una investigación por parte de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de San Fernando. Tras un intenso mes de diligencias e investigaciones tuteladas por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Fernando, bajo secreto de sumario, se lograron recabar las pruebas necesarias para imputar a esta persona. Tras ser puesto a disposición judicial se decretó el ingreso en la prisión de El Puerto.

La relación con la mujer que presuntamente asesinó, apenas duró tres semanas según relató la propia víctima el pasado 20 de abril cuando acudió al Hospital de San Carlos con un derrame en la zona orbital que, según dijo, le había provocado su pareja con un golpe. Así lo atestiguan sus vecinos, que relataron a la Policía que sí que la habían visto entrar últimamente con un hombre a su piso.

Fue el propio servicio médico quien inició el protocolo de violencia de género y la Policía Nacional se trasladó al centro hospitalario. Aunque en un principio fue reacia a formular una denuncia, tras hablar con los agentes acabó presentándola con los pocos datos que tenía de la persona con quien ya había acabado la relación. Apenas pudo decir que se llamaba Miguel y que tenía 41 años, lo que dificultó la investigación que, finalmente ha acabado con su detención en Puerto Real y su envío a prisión.