El mercado clandestino de las falsificaciones amenaza al comercio

Las fuerzas de seguridad españolas incautaron durante el pasado año más de 6 millones de artículos falsificados que habrían alcanzado en el mercado un valor de 251,5 millones de euros. No obstante, existen informes que sitúan las pérdidas anuales por falsificaciones en España en torno a los 5.700 millones. Es decir: lo que se intercepta es la punta del iceberg.

La provincia de Cádiz no es ajena a este fenómeno. Es más, cuenta con algunas poblaciones que se sitúan entre las más activas en cuanto a la venta ambulante ilegal de productos falsificados con un problema añadido: la laxitud de algunos ayuntamientos a la hora de aplicar sus ordenanzas.

Uno de los principales expertos en la lucha contra este fenómeno en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz habló con este diario esta semana para ofrecer algunas de las claves de su crecimiento en fechas concretas del calendario, como el verano o la Navidad, que cada año parece adelantarse en el tiempo con grandes superficies vendiendo turrones junto a sombrillas de playa. “Tenemos un problema serio porque hay poblaciones donde la Policía Local no se emplea a fondo. Los Ayuntamientos son conscientes de que no da buena imagen ver a dos agentes corriendo detrás de un chaval del manta, pero es que hacen un daño al comercio tremendo”, indica.

En la provincia hay dos localidades que destacan en la venta ambulante ilegal: Sanlúcar y Puerto Real. En ambas viven amplias colonias de migrantes subsaharianos que son el eslabón más débil de estructuras más poderosas, auténticas multinacionales de la falsificación capaces de amasar grandes fortunas con productos fabricados en China. Ambos clanes se desplazan en viejos coches hasta sendos polígonos industriales situados a las afueras de Sevilla, regentados por ciudadanos de origen chino, donde encuentran todo tipo de falsificaciones. “Hay bolsos de marcas de lujo que todos conocemos, camisetas de equipos de fútbol, relojes, zapatillas de deporte, ropa con símbolos bordados archipopulares en todo el planeta. Se lo traen hasta Cádiz y se reparten por toda la provincia, desde la capital hasta Jerez, la Sierra o el Campo de Gibraltar. Chiclana es una de las grandes poblaciones que queda un poco al margen de la venta de falsificaciones porque hay patrullas de la Guardia Civil y se cortan más”.

La ficción romántica de la manta, de pobres vendedores independientes que buscan el pan honesto en la playa, convive con otra realidad, porque detrás de muchas mantas hay cadenas logísticas y estructuras que multiplican mercancía y beneficios a gran escala. En 2024, un operativo conjunto en El Puerto de Santa María y Puerto Real incautó más de 5.000 prendas —camisetas, bolsos, zapatillas y artículos de indumentaria deportiva— en una sola semana, una cifra que sirve como termómetro de la magnitud del fenómeno en el litoral gaditano.

Muchos vendedores trabajan en condiciones de vulnerabilidad, con amenazas de represalias por perder la mercancía en cualquier intervención policial.

Pero el efecto económico sobre el comercio local es fácilmente comprensible: competencia de precios, erosionamiento de ventas y percepción de inseguridad en las zonas comerciales. Para muchos comerciantes gaditanos, la manta es una competencia difícil de asumir porque sus costes (alquiler de local, impuestos, contrato de empleados) no se comparan con los precios de la venta ambulante. Además, el coste para la administración es real por lo que supone sostener operativos policiales, retirada y destrucción de productos incautados y desgaste en la gestión del espacio público.

Pero desde la Guardia Civil alertan de que las falsificaciones ya no solo se pueden encontrar en las mantas de los vendedores ambulantes sino en aplicaciones, normalmente chinas, que sirven de todo, desde perfumes hasta ropa o complementos. “En los anuncios igual el bordado no es igual, pero cuando lo recibes en casa sí que vas a ver una imitación perfecta. Evidentemente no va a tener la misma calidad que el original, pero es que va a costar un 20% del valor que tendría en una tienda oficial”, aclara el agente.

Advierte que hay falsificaciones tan buenas que incluso acaban siendo vendidas como originales en algunos comercios. “Esa es otra de nuestras batallas”. Cuenta incluso que hay establecimientos que llegan a acuerdos con proveedores oficiales de marcas de lujo que les venden sus productos sin el logo correspondiente. “Luego el comerciante se lo coloca y resulta que ha pagado mucho menos de la mitad por algo que es tan bueno como el que cuesta 3.000 euros”.

Vuelve a casa por Navidad

Para entender por qué el fenómeno manta resurge cada temporada basta con seguir la mercancía: grandes envíos llegan desde centros de producción extranjeros, se almacenan en puntos de logística —a veces pisos y garajes— y se distribuyen a vendedores que operan en las calles. En distintas operaciones se han descubierto almacenes con decenas de miles de artículos. En Cataluña, una macrooperación de este mismo año decomisó casi 26.000 falsificaciones valoradas en varios millones y puso de manifiesto la existencia de sistemas logísticos estructurados que abastecen puntos turísticos por toda la costa. Ese mismo patrón logístico se observa en el litoral gaditano: la manta no es siempre el fruto del esfuerzo individual, sino a menudo el último eslabón de una cadena con margen y organización que acaba por dar buenos beneficios. Porque un artículo que cuesta pocos euros en origen puede multiplicar su rentabilidad al llegar a la calle. Para muchos compradores a veces se trata de productos con una vida útil muy corta. Para los vendedores, la operación es un equilibrio entre riesgo —controles policiales, decomisos, multas— y recompensa.

No todos los manteros comparten un perfil similar. Hay algunos que venden para complementar ingresos y otros que, por precariedad y falta de alternativas, viven de la manta. También existen indicios de puntos de la cadena que sí responden a organizaciones más amplias. En Cádiz, los operativos locales combinan intervenciones de la Policía Local y la Nacional. Por ejemplo, en Valdelagrana se llevaron a cabo este verano varias actuaciones para desmantelar puntos de venta ambulante y retirar bultos y vehículos.

La reacción institucional tiene varias caras: intervenciones policiales puntuales, incautaciones masivas y, en ocasiones, destrucción de material incautado; pero también programas de inclusión social, itinerarios de empleo y campañas de concienciación para turistas. La ambivalencia persiste: mientras que la acción policial muestra resultados palpables —decomisos y reducción puntual—, la prevención estructural es más costosa y lenta: ofrecer alternativas laborales, regular circuitos de comercio no competitivo y mejorar la cooperación internacional para cortar el suministro.

Los operativos en Cádiz y otras provincias muestran ese doble pulso. A nivel local, las policías municipales ejercen constantes dispositivos en verano; a nivel nacional, las grandes operaciones contra almacenes y redes exponen a quienes organizan y lucran con la falsificación y la distribución. La experiencia indica que atacar únicamente la manta en la playa no bastará si no se actúa en los puntos de origen y logística.

La problemática de la venta de falsificaciones afecta a las grandes marcas pero también a los comerciantes, que han visto mermada su clientela y que piden mano dura y mayor coordinación entre administraciones para combatir este fenómeno. Mientras, ONGs y colectivos que trabajan con migrantes y personas en situación de vulnerabilidad reclaman políticas que no criminalicen automáticamente a quienes venden por necesidad, y señalan que la represión puede empujar a prácticas de mayor riesgo y a la profundización en estructuras clandestinas. El problema es complejo, pero no se puede ocultar que el fenómeno castiga al Estado, que somos todos.