La nueva ley de memoria colectiva va a pasar el algodón democrático a los primeros años de gobierno de Felipe González. Ese simpático sevillano que fue presidente de España de 1982 a 1996, pero que los socialistas contemporáneos ven más franquista que la guardia mora a caballo.

Quizás el PSOE actual busque un mecanismo de autodepuración política al modo de la gran purga rusa de los años treinta del siglo XX. En aquella ocasión destapó sus habilidades Andréi Vyshinski, fiscal general de la URSS entre 1935 y 1939. Fueron condenados a muerte más de ochocientos mil rusos pertenecientes al propio partido comunista, a las fuerzas armadas rojas e, incluso, a los bolcheviques del Politburó. Vyshinski adoptó el principio clásico según el cual "Confessio est regina probationum", o lo que es lo mismo, la confesión es la prueba reina. Claro está, la confesión del reo se extraía mediante prueba de tortura.

Cuando alguien deja el tabaco es conveniente que sepa la diferencia entre ser 'ex fumador' o 'no fumador'. Tanto física como psicológicamente son estados completamente distintos. Del mismo modo no es lo mismo ser 'ex terrorista' que 'no terrorista'. Nuestro actual gobierno tiene por socios preferentes a un partido mechado de 'ex terroristas'. Con semejantes socios nada puede ser descartable.

Siendo así las cosas, mejor sería pasar el algodón democrático hasta el presente. Meter la escobilla democrática a la urna escondida tras un biombo en Ferraz; al no dormiría en un gobierno con podemos; a un estado de alarma doblemente inconstitucional; al indulto de los condenados por sedición; a aliarse con los indultados; a privilegiar a los presos de ETA o a asociarse con su comando político.

Se queda corta la ley de memoria colectiva. Debía alcanzar hasta el año 2022 y, con las urnas, hacer una purga democrática