Las SGR, a debate en Carmona

El sistema de garantías persigue un objetivo claro: solucionar el problema de financiación que padecen muchos de los autónomos y pequeñas y medianas empresas. Está estructurado como una colaboración público-privada, en la que intervienen diversas entidades y en la que, como en todo sistema, debe alcanzarse un adecuado equilibrio entre sus respectivos intereses. El miércoles, dentro de los cursos de verano organizados por la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, se desarrolló un magnífico foro de debate sobre cómo habría que mejorar ese equilibrio para potenciar el sistema.

A los bancos (presentes Unicaja, Caja Rural del Sur y Cajamar), que son los que finalmente conceden la financiación, se les pidió que valoraran el aval recibido. Un aval automático y líquido, que les exime por completo del riesgo de la operación. Por tanto, las condiciones aplicadas a los préstamos avalados deberían ser mejores que las que contemplan para sus préstamos hipotecarios.

Las sociedades de garantía (presentes Gárantia, Iberaval, Elkargi y Afín, las SGR de Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Valencia) tienen que disponer de espacio para obtener una comisión por el aval que les permita desarrollar su actividad y afrontar los gastos de funcionamiento y también las vicisitudes derivadas de los avales otorgados. Como entidades financieras, supervisadas por el Banco de España (presente Fernando de Arteaga, director del Banco de España en Sevilla), deben realizar con exquisito cuidado su labor para que la solvencia de la entidad no se menoscabe y sin perder nunca su objetivo: facilitar el acceso a la financiación de pymes y autónomos.

La actividad de las SGR permite dinamizar la inversión y potenciar el empleo en sus territorios. La inversión inducida estimada en 2022 por la intervención de estas SGR alcanzó los 52.484 millones de euros, permitiendo conservar o crear 960.044 puestos de trabajo. Y de ahí que entren en juego las administraciones públicas. La Compañía española de Reafianzamiento, CERSA, reavala a las sociedades hasta en un 80%, y viene a su vez financiada por el Banco Europeo de Inversiones. A Ana Vizcaíno, su consejera delegada, se le pidió amplitud, calidad y claridad en los términos del contrato que se firma anualmente, porque de ello depende en gran parte la viabilidad del sistema y las posibilidades de crecimiento.

Por su parte, las CCAA pueden elegir entre diferentes vías de apoyo (reafianzamiento, bonificación del coste del aval y/o intereses y aportaciones al capital o al fondo de provisiones técnicas) dependiendo de lo que quieran conseguir de la SGR, pudiendo orientar las ayudas por colectivos, sectores o finalidad de la operación. Presentes José Manuel Alba, secretario general de Economía e Ignacio Cepeda, director de Planificación, Política Económica y Financiera, que deben ponderar la utilización de este instrumento que amplifica enormemente cada euro público y permite recabar para nuestra región recursos estatales procedentes de CERSA.

Presente también Marta Cea, directora de CESGAR, confederación que realiza una eficaz labor de coordinación y defensa del sector de garantías. Facilitó datos: a finales de 2022, las 18 sociedades de garantías españolas tenían asociados a 169.835 autónomos y pymes. En ese año, concedieron avales por importe de 2.273 millones de euros (89% para financiación a largo plazo), lo que elevó el riesgo vivo hasta los 7.093 millones de euros. Con el Covid, las SGR dieron un salto cuantitativo muy importante, que ha seguido manteniéndose, pero aún queda mucho por hacer. Crecimiento y solvencia deben ir de la mano. Todo depende de que cada parte se esmere. El objetivo lo merece.