Cuando el silencio se convierte en complicidad

Es evidente que la tensión generalizada que estamos viviendo, tanto en España como en el resto del mundo, es consecuencia, en buena medida, de la creciente falta de respeto al Estado de Derecho y a todo lo que éste representa. Y ello, aunque algunos irresponsables políticos y una parte de la ciudadanía prefieran -por desinformación, resentimiento, intereses bastardos o simple escepticismo- no reconocerlo ni ver lo que realmente está en juego.

El desprecio a la legalidad y las derivas políticas que ese desprecio conlleva -peores que las náuticas, más que nada por el número de personas afectadas en caso de siniestro- acaban pagándose. No todo vale. El fin no justifica los medios.

En este contexto, quienes creemos en la libertad y en el Estado de Derecho como pilares esenciales de la convivencia civilizada no podemos asistir en silencio al sostenido atropello a la legalidad, nacional e internacional, que vienen cometiendo algunos líderes políticos. Por cierto, quienes más obligados están a respetarla. Esto debemos todos denunciarlo.

No basta con criticarlos destacando su narcisismo, sus egos desmedidos o incluso su posible psicopatía… y seguir después con nuestra vida cotidiana como si nada ocurriera. Algo más habrá que hacer. Es responsabilidad de todos denunciar públicamente estos excesos y, llegado el caso, movilizar a la sociedad para que reaccione antes de que sea demasiado tarde. No es momento de discutir si son galgos o son podencos, como lamentablemente ocurre hoy en España.

A muchos lectores se les habrán venido de inmediato a la mente dos nombres propios de la actualidad política en España y en Estados Unidos, convertidos en paradigma de lo peor que puede sucederle a una sociedad libre que aspire a seguir siéndolo. No son comparables en todos los aspectos, pero sí comparten un rasgo peligrosísimo: el desprecio manifiesto y reiterado por la legalidad como marco básico de convivencia. Esa es la reflexión principal que me gustaría subrayar en este artículo. Nuestra obligación como ciudadanos es denunciarlo claramente y sin ambigüedades.

La legitimidad de origen -lamentablemente no exenta de sombras- de quienes hoy están adoptando decisiones de enorme trascendencia al margen o por encima de sus respectivos Parlamentos no puede justificar nuestro silencio ante los continuos atropellos que vienen cometiendo, tanto al Derecho interno como al Derecho Internacional, con alarmante impunidad. Todo tiene consecuencias. Y resulta extremadamente peligroso asistir en silencio al deterioro acelerado de la convivencia democrática.

Quienes hemos leído historia -e incluso escuchado relatos de primera mano- sobre las atrocidades que sufrió Europa, y el mundo entero, en las décadas de los años treinta y cuarenta del siglo pasado sabemos bien adónde conduce la pasividad. Sabemos que el silencio no es neutral y que mirar hacia otro lado también puede convertirse en una forma de complicidad.

Yo, al menos, no quiero que en el futuro nadie pueda reprocharme haber sido un cómplice silencioso de los atropellos que, aunque no sean comparables entre sí, hoy se están cometiendo contra los principios básicos de la democracia y del Estado de Derecho.