Control de los 'pisos patera'

CUANDO los partidos políticos se desprenden, aunque sea un momento, de sus anteojeras ideológicas, resulta que están más cerca unos de otros de lo que el ruido ambiental permite deducir. Si pasamos de las construcciones teóricas a las realidades concretas a las que tienen que dar respuesta se evidencia que es más lo que los une que lo que los separa.

Y no digamos si se hace caso omiso de la brutal batalla de palabras en la que están habitualmente enzarzados. Volvamos, por ejemplo, al tema de la inmigración irregular. Si los ciudadanos se quedan en la superficie de las cosas, donde habita la espuma de lo real, los que simpatizan con el PSOE han de llegar a la conclusión de que los del PP son xenófobos y partidarios de la mano dura, mientras que los partidarios del PP son inducidos a pensar que el socialismo es simplemente buenista y propenso a abrir las puertas a los inmigrantes sin papeles en detrimento de la población autóctona.

Es así como se distorsiona lo ocurrido en el Ayuntamiento de Vic, donde el equipo de gobierno, que incluía a socialistas catalanes, pretendía rechazar el empadronamiento de los inmigrantes indocumentados. De inmediato se anatemizó al alcalde y concejales de una localidad que ha sido muy integradora de la inmigración y que venía a expresar, de modo equivocado, su malestar por la escasez de medios con que ha de prestar servicios a una oleada de inmigrantes muy superior a su capacidad, inmigrantes a los que el Estado habría expulsado si los pilla en un aeropuerto o en una patera, pero que el mismo Estado obliga al ayuntamiento a que los empadrone. Se descubrió entonces que otros municipios, gobernados por el PP, restringen de hecho el acceso al padrón a los sin papeles.

Apartando la hojarasca de las noticias y declaraciones se ve que no hay tanta discrepancia entre unos y otros. El PSOE defiende el empadronamiento para todos, pero su Ley de Extranjería obliga a deportar, no a empadronar, a los inmigrantes irregulares. Mariano Rajoy, por su parte, fue quien firmó siendo ministro la orden de empadronar a todos los habitantes de un municipio, nacionales y extranjeros, y, en el caso de extranjeros, con o sin papeles. Finalmente, el Ministerio de Política Territorial, cuyo titular es Manuel Chaves, va a cambiar la Ley de Gobierno Local para autorizar que los ayuntamientos rechacen consignar en el padrón a personas que digan residir en domicilios con una proporción elevada inquilinos. Se trata de evitar la proliferación de pisos patera, es decir, viviendas que los inmigrantes dan como habitadas por ellos y que es materialmente imposible que las habiten en el número que declaran. No caben, sencillamente. Es más o menos lo que reclamaban en Vic y lo que hacen otros ayuntamientos. No son tan distintos.