Infanta imputada

SIN novedad. El juez José Castro ha concluido la instrucción del caso Nóos manteniendo la imputación de la infanta Cristina de Borbón, hermana del Rey de España, por delito fiscal y blanqueo de capitales. El fiscal mantiene, a su vez, la decisión de recurrir esta imputación por no hallar indicios delictivos en la conducta de la familiar directa del Rey que ha sido apartada de la Familia Real. Tampoco los han hallado la Abogacía del Estado ni la Agencia Tributaria.

Será la Audiencia de Palma la que resuelva en breve plazo los recursos al auto de Castro y abra la vía al juicio oral contra los implicados (desde luego, Iñaki Urdangarín, su socio y el expresidente de Baleares, Jaume Matas, entre otros). Es previsible que desimpute a la infanta, lo cual hará que algunos de los que ayer elogiaban el funcionamiento de la Justicia, igual para todos, proclamen que no existe igualdad ante la ley. Tampoco hay novedad en esto.

El relato del instructor se sustenta sobre un núcleo central: Iñaki Urdangarín y su socio se pusieron de acuerdo para sacar rentabilidad económica al parentesco del primero con la Casa Real, constituyeron el Instituto Nóos que suscribió provechosos convenios con tres gobiernos autonómicos -engatusados precisamente porque a su frente estaba el marido de Cristina de Borbón- y crearon varias sociedades a las que se desviaron los fondos obtenidos, ya que Nóos era una entidad sin ánimo de lucro. De este modo se lucraron ellos, traficando con influencias, malversando y eludiendo el pago de impuestos a través de compañías opacas ubicadas en el extranjero.

¿Cómo intervino la infanta Cristina? Según el juez, compartiendo al 50% la propiedad de una de estas sociedades beneficiarias del trasvase de fondos de Nóos (Aizoon), con los que se pagaban los gastos familiares, las facturas de su Visa y el servicio doméstico. "Colaboración silenciosa" con el trinconeo de su esposo, lo llama. Como ya dije cuando fue llamada a declarar, la verdad material de los hechos no debe andar lejana a este dilema: o la infanta fue partícipe consciente de los negocios ilícitos de Urdangarín o, por amor y lealtad, prestó su firma sin preguntarse ni preguntarle nada. Lo primero la haría culpable. Lo segundo, tonta enamorada.

Ya digo que este puede ser el marco de la verdad material que no tiene por qué coincidir con la verdad penal, a establecer por la Justicia. Lo seguro es que Felipe VI asumirá lo que establezca. Sin mover un músculo.