LA propaganda también tiene liturgias. Quedó demostrado el miércoles cuando el presidente del Gobierno, recién investido, les mandó una carta a sus veintidós flamantes ministros la misma mañana en la que los reunía por vez primera en consejo. Más allá de si es ridículo o no el ejercicio epistolar, la principal razón era difundir un texto en el que el jefe del Ejecutivo alerta de que les van a negar la legitimidad de origen. Como es costumbre en Pedro Sánchez es falso. El Gobierno tiene legitimidad de origen porque Sánchez fue investido con el voto de 179 de los 350 diputados elegidos de forma libre y democrática en los comicios del pasado 23 de julio. Y además se lo reconoció incluso el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el debate de investidura, al tiempo que le afeaba cómo ha articulado esa mayoría, el precio abyecto que pagaba para asegurarse la reelección. Lo cortés no quita lo cobarde.

Y es ahí donde hay que enfatizar que, aunque el Gobierno tenga legitimidad de origen, no tiene legitimidad de ejercicio, porque el resultado electoral se hizo bajo la premisa, reiterada por el propio Sánchez un par de días antes de votar, de que él no amnistiaría a los independentistas catalanes. Sánchez ha roto el contrato con sus electores y eso le deja sin legitimidad de ejercicio.

Por si quedaba alguna duda, su nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente –el político faltón tras el que se ocultó en la investidura fallida de Feijóo– dijo ayer con enorme desparpajo que si el PSOE no hubiese necesitado los votos de Junts “probablemente no” habrían promovido una ley, usando el subterfugio de la proposición partidaria para saltarse los controles que exige un proyecto legislativo del Gobierno, que permita amnistiar al prófugo Carles Puigdemont.

Todas las encuestas que se conocen desde que Sánchez admitió que cedería de forma infame a esa exigencia de un delincuente –los hechos ya fueron considerados delictivos por el Tribunal Supremo–, que no ha tenido la dignidad de hacerse responsable de sus actos ante la Justicia, señalan que el resultado sería distinto de haber admitido la verdad: que para mantener el poder sería capaz de todo, hasta conceder una amnistía que siempre consideró inconstitucional.

Sánchez gobierna con legitimidad de origen, pero para que el poder Ejecutivo tenga legitimidad de ejercicio sólo le queda una posibilidad: convocar un referéndum, al amparo del artículo 92, para que los españoles refrenden o rechacen esa medida excepcional que no se iba a conceder cuando votaron. No soy iluso. No lo hará. Nunca tendrá el gesto de coherencia y dignidad del juez del Constitucional Juan Carlos Campo de abstenerse de fallar sobre el asunto porque afirmó al defender los indultos que el olvido de los delitos no cabe en la Constitución.