Es este un tema que no se presta a una conclusión fácil, así que, si reincido en él después de dos semanas, no es por masoquismo, tampoco por completarlo, sino movido por alguna opinión (contraria) que recibí apenas escribí la columna anterior. Mostraba en ella mi convencimiento de que gozamos de un gran sistema de salud pública cuando alguien me vino a ofrecer justo el sentir antagónico: el peor. No estoy de acuerdo ni me parece ajustado, pero es la respetable y comprensible percepción de una usuaria de a pie, que conoce y sufre las dificultades para acceder a los beneficios del sistema. Probablemente, esta usuaria obvie o desconozca que no hace demasiado tiempo la red de centros de salud de que hoy disponemos era inexistente y los servicios hospitalarios nada comparables con los de ahora. Son, como dije, logros del tiempo democrático. Pero si en esos centros la atención primaria se encuentra masificada por falta de facultativos y profesionales de enfermería, si un medico cuenta con solo unos minutos para atender a un paciente, si la derivación al especialista resulta misión imposible, si la espera para acceder a esa consulta especializada o a las pruebas diagnósticas se alarga sin límites, no resulta extraño que el personal tenga una percepción negativa de la asistencia que se le ofrece. Todo ello no es ni más ni menos que la expresión palpable del mal de raíz que le aqueja y que no tiene otra explicación que la que ya se dijo: mala gestión e insuficiente inversión. De dos semanas a acá, los medios de comunicación han seguido mostrando las quejas de los profesionales de la sanidad ante el caos organizativo y los recortes. Como en los peores tiempos de la crisis, se vuelve a hablar de marea blanca, algo que parece revelarse como necesario para sacarnos de la impasibilidad y defender nuestro bien ganado derecho a la salud y a una digna asistencia.

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