Un 10 de diciembre de hace 72 años se aprobó la declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de esta declaración fue la promoción y la protección de los derechos humanos con un único fin: conseguir libertad, justicia y paz para todos los seres humanos.

La Declaración de los Derechos Humanos es un programa. Cada párrafo es un llamamiento al esfuerzo, cada línea condena la resignación, cada frase repudia un fragmento de nuestro pasado, cada una de sus palabras nos obliga a examinar nuestra situación actual.

Los Estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, que son derechos universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Y están directamente relacionados con el acceso a un nivel de vida digno por parte de la población.

Nuestra Constitución del 78 asume la Declaración Universal de los Derechos como base propia, así se establece en el Título I, artículo 10, punto 2. Sin embargo, ni la Declaración ni la Constitución se cumplen.

Estos son algunos de los derechos que están escritos, firmados, ratificados… pero no se cumplen: La Ley Mordaza colisiona con la Libertad de expresión consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En España brilla por su ausencia el derecho a vivir en un hogar digno (artículos 17 y 25) por la escasez de vivienda pública, los desahucios y la falta de alternativa habitacional. Asimismo, en miles y miles de hogares precarizados no se asegura el derecho al trabajo ni a una "remuneración equitativa y satisfactoria" que asegure "una existencia conforme a la dignidad humana" (artículo 23).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente el artículo 2, debería servir como antídoto contra la desigualdad que sufren las mujeres. Pero no es así.

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, dice el artículo 14, pero nuestro sistema de asilo y refugio no responde a la realidad. En 2019 hubo 118.264 solicitudes de protección internacional, solo el 5,2% se resolvió favorablemente.

Además, este año 2020 hemos constatado como derechos tan básicos como la sanidad y la educación pública han sufrido importantes retrocesos, de ahí que sea necesaria su defensa.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos hace soñar con un mundo mejor, y debemos negarnos a secundar lo que nos parezca injusto e insolidario, sin temer las consecuencias negativas que pueda granjearnos.

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