Martín Domingo

¡Qué bello es mentir!

El lanzador de cuchillos

La ‘Ley de Impunidad’ no es más que la factura que vamos a pagar para que el PSOE siga haciendo negocios

04 de marzo 2024 - 00:45

Están desatados. El caso Koldo, que es ya el caso Ábalos y acabará siendo el caso Gobierno, los ha puesto de los nervios y todos sabemos cómo actúan los miembros de la banda de Sánchez cuando eso ocurre: echando balones fuera y embarrando el terreno de juego. Aunque para ello haya que despeñarse en el esperpento de la quedada imposible del aizkolari con dirigentes del PP –estamos a dos mordidas de que Koldo fuera el asistente personal de Luis Bárcenas– o agarrarse al clavo ardiendo de la filtración del borrador –ni siquiera el documento definitivo– pergeñado por la Comisión de Venecia en relación con la ley de amnistía de la que depende la supervivencia política del presidente.

Si hay que decir la verdad, se dice, pero el gobierno de Sánchez, como Bartleby el escribiente, preferiría no hacerlo. “Lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia: la amnistía es una herramienta para la reconciliación”, ha escrito Félix Bolaños, con total ausencia de sonrojo, en su cuenta de X. De Chiqui Montero, consejera de Chaves y Griñán cuando los ERE andaluces, no se podía esperar menos: “Otro ridículo del PP. Seguimos trabajando para el reencuentro”. Reconciliación, reencuentro. Bellas palabras desmentidas por la decepcionante realidad: hasta el perro de Sánchez –el de cuatro patas– sabe que la Ley de Impunidad no es más que la factura que vamos a pagar los españoles para que el PSOE pueda seguir haciendo negocios desde el gobierno. Lo de la Comisión de Venecia, como lo de Tellado, es la enésima patraña, la penúltima cortina de humo de unos golfos apandadores que les mean a sus votantes encima porque saben que estos jurarán –prometerán– sobre un ejemplar del Manual de Resistencia que, en realidad, llueve.

Da igual si el borrador filtrado afirma que la amnistía requiere una reforma constitucional y destaca la contradicción entre el presunto objeto de la ley –la reconciliación– y sus efectos: una gravísima división política, jurídica, institucional y social. Si critica el procedimiento, si censura su carácter ad hominem, si conmina a que el terrorismo sea excluido sin matiz alguno o si sentencia que los jueces deben tener la última palabra y que, por tanto, la ley no podrá aplicarse de forma automática. Da igual, también, que el principal beneficiario –junto con Sánchez– de la norma que, supuestamente, va a propiciar el apaciguamiento, haya animado a sus seguidores, hace apenas unas horas, a prepararse para la confrontación y la unilateralidad. O sea, lo mismo que lleva advirtiendo desde hace meses la apocalíptica fachosfera.

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