Chiringuitos

Si hay algo que sabe hacer la Universidad pública española es competir. Todo es una carrera de obstáculos. De abajo arriba. Es un obligado (y necesario) sistema de filtros y control que, en la práctica, hace que cualquiera que quiera hacer carrera en la enseñanza superior se enfrente a una auténtica travesía del desierto. Por todos los esfuerzos que se le van a exigir, de docencia, de investigación y de innovación, y por todo el rigor con que lo tendrá que acreditar. Cada plataforma con su letra pequeña; cada peldaño de avance con su particular modus operandi. ¿Se acuerdan de lo que decíamos cuando queríamos aprobar el carné de conducir?, ¿que no hay que saberse las normas sino aprender a aprobar el test? Pues algo parecido.

En la pública no vale con ser bueno, ni siquiera excelente. Un Premio Nobel podría tener, con relativa facilidad, un reconocimiento como honoris causa, pero difícilmente podría ser funcionario. Fichar talento, bien lo saben los rectores, tal vez sea uno de los grandes desafíos para las grandes universidades del país.

Cierto es que no es ningún capricho. La Universidad es el techo de la formación, esa icónica imagen como ascensor social y templo del saber, y no valen atajos. O no deberían. Aquí es donde entran los chiringuitos que el Gobierno quiere frenar: el Consejo de Ministros acaba de aprobar la modificación del decreto de creación de universidades que Castells impulsó en 2021 para endurecer los requisitos de calidad contra las “academias con diploma”. En una columna no hay margen para analizar los detalles, pero admitamos pulpo: pensemos que se van a garantizar unas mismas exigencias de funcionamiento y calidad y un entorno de competencia leal para todas las universidades.

Por un lado, es fácil hacer la reflexión de que si la pública se encoge o se limita su crecimiento (la proliferación de privadas en Andalucía y la reciente polémica por el rechazo del doble título de Ciencia de Datos e IA de la UGR es un ejemplo), el nicho que llenen las privadas puede no responder al interés general ni garantizar la igualdad social. Lo escribo en condicional. Y ese es el espacio que, como país, creo que tenemos la obligación de transitar. Porque, por otro lado, cuando la reglas sean las mismas, deberemos empezar a preguntarnos qué hacen bien algunas privadas, por qué hay tantos alumnos que tienen que refugiarse allí, por qué son más ágiles conectando con los intereses del mercado, por qué pueden hacer fichajes con los que cualquier pública soñaría… Habrá que competir, de verdad.