La Iglesia católica española se enfrenta desde hace tiempo a decenas de denuncias por abusos sexuales a menores, la mayoría sufridos por niños en colegios regidos por órdenes religiosas. No es un problema exclusivo de nuestro país. Prácticamente en todas las naciones donde el catolicismo tiene una amplia presencia se han registrado denuncias en este sentido. Sin embargo, sí se detecta en la Iglesia española una reticencia a abrir una investigación a fondo de lo ocurrido, pese a que el mismo papa Francisco ha hecho un llamamiento muy claro en este sentido. La Iglesia debe comprender que la mejor manera de acabar de una vez con este incómodo asunto, que está deteriorando a pasos agigantados su imagen, es ponerse ella misma al frente de una investigación amplia y profunda cuyo único fin debe ser que aflore plenamente la verdad y que se dé una satisfacción moral a las víctimas. Es cierto que la gran mayoría de estos presuntos delitos han prescrito, pero nunca lo hará el daño infligido a unas personas que han llevado como una losa en sus vidas el sufrimiento producido por los abusos. La mejor manera de acallar a los que están usando este escándalo (en el sentido más auténtico del término) para desprestigiar a la Iglesia católica, una institución muy enraizada en la sociedad española, es la transparencia y el reconocimiento del daño realizado, cuando así proceda. Aparte, todos tenemos que ser muy conscientes de que el abuso sexual a menores es un fenómeno que va mucho más allá de la Iglesia católica y que afecta a todo tipo de instituciones laicas, tanto públicas como privadas, como se ha visto recientemente en Baleares, Valencia y Madrid. Resulta un tanto extraño que los mismos partidos políticos que reclaman comisiones de investigación para los abusos sexuales cometidos en colegios religiosos, las impidan cuando se trata de aclarar los mismos actos cometidos en algunos servicios sociales públicos.