Un Gobierno que ningunea a las Cortes

El Gobierno de coalición liderado por el socialista Pedro Sánchez está teniendo una relación excesivamente conflictiva con el Parlamento y el Senado. El principal ejemplo del ninguneo del Ejecutivo a las Cortes ha sido su negativa hasta la fecha a presentar para su debate y votación los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que, como ya han indicado la gran mayoría de expertos, supone un preocupante incumplimiento de la Constitución española. Es inconcebible que durante la presente legislatura las Cortes no hayan aprobado ningún PGE. Pero, además de esta anomalía de raíz poco democrática, se ha registrado un rosario de pequeños conflictos y actitudes que delatan las reticencias del Ejecutivo de Sánchez hacia las Cortes. Este lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió que el Ejecutivo apruebe medidas mediante reglamentos para que éstos no tengan que pasar por el Parlamento. Esto no supone una ilegalidad, pero sí delata una praxis política poco democrática e iliberal que desprecia a los representantes legítimos de los ciudadanos. El control del Parlamento al Gobierno es una de las piedras angulares sobre las que descansa la democracia. Este desaire al Parlamento tiene su origen en la quiebra del pacto de investidura que llevó a Sánchez a la Presidencia del Gobierno a pesar de perder las elecciones. Una jugada plenamente legítima y democrática, pero que ya ha mostrado claramente sus limitaciones y que está derivando en un desprecio hacia las Cortes que es inadmisible.

En esta línea, el presidente Sánchez lleva 21 meses sin someterse al control de un Senado en el que el PP tiene la mayoría absoluta. Es cierto que los populares han usado esta aritmética para convertir la Cámara Alta en una de sus principales bazas en su acción contra el Ejecutivo, a veces más de lo deseable, pero eso no puede ser excusa para que un presidente que se tiene por democrático esquive el control de dicha Cámara. Sobre este asunto, el Gobierno debe rectificar cuanto antes.