Boliden: quien contamina, paga

En la madrugada del 25 de abril de 1998 la rotura de una balsa en las minas de Aznalcóllar provocó un vertido de lodos tóxicos que afectó a unas 4.400 hectáreas en una zona tan sensible y amenazada como son las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana. Ha sido la mayor tragedia medioambiental que ha sufrido Andalucía. Va a ser ahora, 25 años después de que produjeran los hechos, cuando se dilucide en un juicio la reclamación de la Junta de Andalucía a la multinacional que explotaba la mina, la empresa suecocanadiense Boliden, de los casi noventa millones de euros que costó recuperar la superficie anegada. El Gobierno andaluz acudió a los tribunales tras el fracaso de varios procesos negociadores en los que Boliden consideró que había saldado todas sus responsabilidades por el accidente. El juicio pondrá fin a un tortuoso litigio en el que no sólo están en juego los millones de euros que costó regenerar los terrenos. Esto, con ser importante, no es lo principal. Lo decisivo es delimitar de forma clara y concluyente las responsabilidades de una compañía que, después de la tragedia, abandonó la mina sin hacer frente a todas sus obligaciones. El que haya pasado un cuarto de siglo desde que se produjeron los hechos habla, por un lado, de la complejidad jurídica del caso y, por otro, de la exasperante lentitud de la Justicia en España. La Junta cumple con su obligación al intentar que vuelvan a sus arcas los cuantiosos recursos públicos que se emplearon en minimizar los efectos de la catástrofe. En este juicio se pone encima de la mesa otro principio que no es menos trascedente: el de que quien contamina, paga. Esta es una premisa que se ha impuesto en los últimos años en las políticas medioambientales de todos los Estados modernos. A pesar del tiempo transcurrido, el caso de Aznalcóllar es un ejemplo de libro que añade interés al juicio que se inicia hoy.