La democracia española ha sido sometida esta semana a una prueba de estrés sin precedentes que ha desatado los peores instintos de una clase política que ya hace tiempo que ha dejado de estar a la altura que demanda la ciudadanía. Lo ocurrido el jueves en el Congreso, que puede tener mañana su continuidad nada más y nada menos que en el Tribunal Constitucional, nos coloca al borde de una grave crisis política. El responsable primero y directo es el Gobierno que preside Pedro Sánchez, que ha forzado hasta límites muy peligrosos los resortes del sistema para conseguir sus objetivos estratégicos. La Moncloa quiere comenzar el último año de mandato antes de las elecciones generales con los objetivos de sus socios parlamentarios colmados y con un Poder Judicial que no le sea hostil. Podía haberlo hecho de muchas formas, pero ha elegido una llena de riesgos sin importarle las consecuencias. Tampoco el primer partido de la oposición, el que debería de corresponsabilizarse de la estabilidad sistémica, ha estado a la altura de las circunstancias. El PP ha optado por un discurso maximalista y no ha dudado en entorpecer la renovación de los órganos judiciales que tienen sus mandatos más que caducados. El resultado de todo ello se pudo ver en la última sesión parlamentaria en la que el Gobierno sacó adelante sus propuestas, que modifican aspectos sustanciales del Código Penal y abren un cambio de mayoría en el Constitucional, en medio de un clima irrespirable que acercaba más la Cámara a la de una república tercermundista que a la de una democracia europea. La situación es complicada porque se dan los elementos de un choque institucional y el Gobierno, pero también el resto de los actores políticos, tiene la responsabilidad de evitarlo.