El Tribunal Supremo, en un fallo que refleja una profunda división en la Sala, confirmó ayer las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla a los altos cargos juzgados en la llamada pieza política de los ERE. El Alto Tribunal sólo adelantó las penas, pero no el contenido de la sentencia y sus fundamentos jurídicos, algo que ha dejado para el mes de septiembre y que da idea de lo complicada que ha sido la resolución de los recursos. La decisión pone fin en el ámbito penal a una macrocausa iniciada hace 11 años. En este larguísimo tiempo por tres veces se ha considerado por los jueces que el denominado "procedimiento específico" merecía el reproche de distintas figuras del Código Penal. Lo hicieron en las fases de instrucción (tanto en el Juzgado número 6 de Sevilla como en el Supremo cuando en la causa había personas aforadas), en la sentencia de la Audiencia de Sevilla y, finalmente, en la de la Sala II del Tribunal Supremo. Por ello, la conclusión, desde un punto de vista jurídico, es clara: el Gobierno de la Junta utilizó un mecanismo delictivo, que eludía los controles necesarios, para conceder las ayudas y se cometieron en el procedimiento prevaricación y malversación. Este último delito, que es el que comporta prisión, ha generado fuertes discrepancias en el Tribunal, y por ello dos de los cinco magistrados emitirán un voto particular contrario al sentido de la sentencia. La condena tiene un alto impacto político porque afecta a personas que fueron muy relevantes en Andalucía, singularmente los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que, pese a quedar acreditado que no hubo lucro personal de ningún tipo ni desvío de dinero, han resultado condenados, el segundo con pena de prisión. Pese a que la sentencia demuestra que se hicieron cosas muy mal, lo cierto es que el dinero defraudado fue a parar a los trabajadores incursos en los ERE. La condena del Supremo deja abierta la incógnita sobre qué pasará con las más de 80 causas derivadas de la original pendientes de resolver.