El Partido Popular de Feijóo es el único apoyo que tiene garantizado ahora el sector socialista del Gobierno para sacar adelante los cambios que pretende hacer para que la ley llamada del sólo sí es sí sirva para combatir las agresiones sexuales y evite que la reducción de penas ponga en la calle a delincuentes que creen alarma social. Sánchez no cuenta para ello con el aval de sus socios parlamentarios separatistas catalanes y vascos. Pero la mayor oposición la tiene dentro de su propio Consejo de Ministros, precisamente desde Podemos, la fuerza política que promovió la ley y que logró que se aprobara. Calificar la situación de kafkiana es quedarse cortos, pero ejemplifica de forma transparente el disparate en el que se ha convertido la política española. Pedro Sánchez va a llegar al final de la legislatura con un Gobierno que no lo es. O con dos gobiernos que marcha cada uno en una dirección opuesta con estrategias y prioridades que nada tienen que ver. El presidente parchea como puede las sucesivas crisis que provocan sus coaligados convencido de que gana tiempo. Plantear ahora unas elecciones sería regalarle al PP un billete hacia La Moncloa. Las encuestas señalan que en España hay expectativas de cambio, no tanto por la situación económica, que más o menos parece estar controlada, como por la profunda crisis que atraviesa la política. El país vive un desajuste institucional y una situación de crispación que inevitablemente le pasa factura. La profunda división que existe en el Gobierno -en la cumbre con Marruecos, por ejemplo, sólo hay ministros socialistas- hace que se cometan errores tan graves y alarmantes como el que ahora se intenta solucionar, después de que más de 300 condenados por violencia sexual hayan visto reducidas sus condenas. La falta de dirección política es la tarjeta de visita con la que se presenta España ante Europa y ante el mundo. Cuando los que gobiernan no están a la altura del país que representan las cosas sólo pueden ir a peor.