Bastaron diez minutos para romper el nudo gordiano que impedía la renovación de cuatro jueces del Tribunal Constitucional. Los llamados jueces progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aceptaron "por sentido institucional" la propuesta de los conservadores de elegir a María Luisa Segoviano y a César Tolosa, de modo que ambos salieron por unanimidad. Segoviano es una juez progresista, no adscrita a ninguna organización, mientras César Tolosa es un magistrado afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Si el sector progresista cede es porque antes se empeñó en que se eligiese a un magistrado para el Constitucional que asegurase la elección de Cándido Conde-Pumpido como presidente del tribunal de garantías. La pugna entre jueces de una orientación y otra en el CGPJ ha dejado al descubierto unas tripas poco agradables, no sólo se han dividido en dos bandos, sino que dentro de cada uno de ellos también había empeños especiales. Ese mismo "sentido institucional" esgrimido por los jueces, y que conecta con la petición que el Rey hizo en su discurso de Navidad, debe llevar al PSOE y al PP a ponerse acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, así como a acordar un sistema de elección que dé mayor cabida a la voluntad de los jueces. Por su parte, el Gobierno debe desistir de llevar al Congreso las dos proposiciones de ley que ya fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional por la forma empleada, pero sobre cuyo fondo hay serias dudas de inconstitucionalidad. Tal como aconsejó el Rey en Navidad, es preciso que todos hiciesen "un ejercicio de responsabilidad" sobre la erosión que sufren las instituciones. Si el PP se ha resistido con variadas excusas durante cuatro años a renovar la mayoría en el CGPJ, el Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado a las bravas para doblegar esta resistencia con iniciativas poco apropiadas en una democracia.